La baja gradual de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei abrió una nueva discusión dentro del sector productivo argentino. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó la decisión y sostuvo que “ese es el camino”, referentes agropecuarios consideraron que el alivio fiscal resulta insuficiente frente al fuerte aumento de los costos de producción.
Durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei confirmó una reducción de los derechos de exportación para trigo y cebada, que pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. Además, anunció que desde enero de 2027 comenzará una baja gradual para la soja y también para sectores industriales como el automotriz, petroquímico y de maquinaria.
En el caso industrial, la reducción será progresiva hasta la eliminación total de las retenciones en junio de 2027. La producción automotriz, los químicos, petroquímicos, caucho y maquinarias dejarán de pagar derechos de exportación bajo un cronograma fijo de reducción mensual.
La UIA celebró la decisión y afirmó que la medida “avanza en el sentido correcto” porque ayuda a mejorar la competitividad y favorece las exportaciones con valor agregado. La entidad recordó además que la industria aporta el 26,6% de los principales impuestos nacionales y reclamó que provincias y municipios también reduzcan la carga tributaria local.
Desde el sector agropecuario, en cambio, aparecieron cuestionamientos. El productor rural y ex directivo de Cartez, Néstor Roulet, sostuvo que la rebaja “es muy pequeña” frente al incremento de los costos. Según explicó, los insumos agrícolas subieron cerca de un 16% en los últimos meses, mientras que el beneficio por hectárea rondaría apenas los US$ 15.
“Todo anuncio de rebaja de retenciones siempre es bueno, pero no alcanza”, afirmó Roulet, quien insistió en que el objetivo debería ser la eliminación total de los derechos de exportación.
En la misma línea, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, reclamó mayor previsibilidad para el sector y pidió una normativa que garantice estabilidad a largo plazo en materia tributaria.
El debate vuelve así al centro de la agenda económica en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el superávit fiscal, mientras el campo y la industria presionan por una reducción más profunda de la carga impositiva.
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