Las transferencias realizadas por el Gobierno nacional al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) registraron una fuerte caída real durante el primer cuatrimestre de 2026. Según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los envíos nacionales al organismo retrocedieron un 54,4% interanual en términos reales entre enero y abril.
El trabajo reflejó una significativa reducción de recursos destinados a la principal obra social de jubilados y pensionados del país, en medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y de un contexto de fuerte presión sobre el sistema previsional y sanitario.
De acuerdo con el informe, el recorte se produjo principalmente por la disminución de transferencias corrientes vinculadas a financiamiento operativo y asistencia estatal. La caída se dio incluso en un escenario donde el PAMI continúa enfrentando una elevada demanda de prestaciones médicas, medicamentos y cobertura sanitaria para millones de afiliados.
Ajuste fiscal y presión sobre el sistema
El relevamiento de la OPC mostró que el ajuste del gasto público continuó profundizándose durante el inicio de 2026, especialmente en áreas vinculadas a políticas sociales y asistencia estatal.
En ese contexto, el PAMI quedó entre los organismos más afectados por la reducción de partidas nacionales. El informe remarcó que la caída real de fondos se explica por transferencias que crecieron por debajo de la inflación acumulada del período.
La reducción de recursos ocurre además en un escenario de aumento sostenido de costos médicos, suba de medicamentos y mayores gastos operativos dentro del sistema de salud.
Si bien el organismo cuenta con ingresos propios provenientes de aportes y contribuciones, las transferencias del Tesoro nacional funcionan como un complemento clave para sostener programas, cobertura y funcionamiento general.
Preocupación por medicamentos y prestaciones
El informe volvió a poner el foco sobre el impacto que el ajuste fiscal podría tener en la atención de jubilados y pensionados. En los últimos meses, distintas entidades del sector advirtieron sobre dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, demoras en prestaciones y mayores costos para afiliados.
Desde sectores opositores señalaron que la reducción de fondos podría afectar programas sensibles de cobertura sanitaria, especialmente en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales.
El Gobierno nacional, en tanto, sostiene que el objetivo central de la política económica continúa siendo el equilibrio fiscal y la reducción del déficit del Estado.
