La Justicia Federal allanó este miércoles el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba en el marco de la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por presuntas irregularidades en la compra de drones destinados a la Policía provincial.
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Tomás Casas y tuvo como objetivo requerir documentación administrativa y soportes digitales vinculados a la licitación, cuyo trámite fue frenado por la mayoría del organismo de control alineada con el Frente Cívico.
La medida judicial se inscribe en un contexto de fuerte tensión política entre el Gobierno de Martín Llaryora y el Tribunal de Cuentas, luego de que el organismo objetara el proceso de adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados, valuado en 6,8 millones de dólares.
La denuncia del Ejecutivo
La causa se originó a partir de una denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y la vocal María Fernanda Leiva, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la presentación, los tribunos habrían excedido sus facultades legales al cuestionar no solo la legalidad, sino también la conveniencia y el mérito de la política pública impulsada por el Ejecutivo, atribuciones que —de acuerdo con el planteo oficial— son exclusivas del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que el accionar del Tribunal obstaculizó una política pública de emergencia vinculada a la seguridad ciudadana y desconoció normativas técnicas aeronáuticas vigentes.
Objeciones del Tribunal de Cuentas
Desde el organismo de control, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado a renglón único, lo que —según su interpretación— habría direccionado el proceso en favor de una única oferente, la UTE Vantac-Huinol SA.
Tras el allanamiento, Beltrán Corvalán cuestionó la legalidad del procedimiento y afirmó que los miembros del Tribunal deben ser considerados, a los fines procesales, como jueces de Cámara, lo que —según expresó— impediría medidas de registro o secuestro sin orden expresa de un juez de Control.
En una nota dirigida a la Policía, el presidente del Tribunal rechazó el alcance del requerimiento y sostuvo que las actuaciones administrativas no se encuentran físicamente en el organismo, sino en el Ministerio de Seguridad, y que el Tribunal solo posee documentación en formato digital.
Investigación en curso
Por tratarse de una denuncia que involucra a funcionarios públicos provinciales, la causa podría derivar en el Fuero Penal Económico (Anticorrupción). Desde la fiscalía interviniente señalaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no brindaron detalles sobre las próximas medidas de prueba.
La Provincia denunció al Tribunal de Cuentas por frenar la compra de drones
