En respuesta a lo que diversos sectores califican como un «colapso» del sistema de salud previsional, el Colegio de Abogados de Córdoba interpuso este 14 de abril un recurso de amparo colectivo ante la justicia. La medida busca detener los recortes en las prestaciones y asegurar la cadena de pagos, con especial énfasis en el área de discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud, quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad extrema.
Un frente común contra el ajuste en salud
La acción judicial, según Canal 10, fue encabezada por la abogada Marta Lastra y cuenta con el respaldo del Consejo de Médicos de Córdoba, junto a comisiones de mujeres profesionales de ambas instituciones. Aunque la demanda parte del caso de un individuo con discapacidad, la pretensión es que la sentencia tenga efectos colectivos, protegiendo a todos los beneficiarios de PAMI y pensiones no contributivas en la provincia.
Actualmente, el recurso se encuentra bajo análisis de la justicia cordobesa, a la espera de definiciones sobre medidas cautelares que eviten el cese total de la atención médica.
El impacto de la Resolución 1107/2026
La crisis se agudizó tras la implementación de una nueva normativa que, si bien aumentó nominalmente el pago por paciente, eliminó ítems extra y complementos. En la práctica, esto se traduce en una reducción real del 50% en los ingresos de los profesionales.
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Pago por cápita: Subió de $900 a $2.100.
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Resultante final: Al quitar los incentivos, los médicos perciben la mitad que antes, lo que ha derivado en la suspensión de servicios.
A este panorama se suma una morosidad millonaria de PAMI con clínicas y sanatorios privados. Por su parte, el Colegio de Odontólogos de Córdoba denunció deudas de tres meses y aranceles que califican de «obsoletos», cobrando apenas $370 por paciente.
Discapacidad: el sector más afectado
En Córdoba existen aproximadamente 220.000 personas con certificado de discapacidad. Gran parte de este grupo depende de «Incluir Salud», un sistema que hoy se encuentra en estado de abandono.
«El sistema público de hospitales no posee la capacidad instalada para brindar los servicios especializados que requieren las personas con discapacidad», advierte el informe base sobre la falta de alternativas ante el recorte de fondos.
La situación es crítica para las instituciones de cuidado, como hogares de día, que asisten a grupos de entre 30 y 300 personas y hoy ven amenazada su continuidad. En un contexto de inflación (3,2% en marzo en Córdoba), el conflicto trasciende lo financiero para convertirse en una emergencia humanitaria que la justicia deberá resolver a la brevedad.
El Defensor del Pueblo exigió la renuncia de las autoridades de Pami Córdoba
