El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) cerró el año 2025 con un balance de productividad que marca un hito en la gestión judicial de la provincia. Según el informe oficial difundido recientemente, el tribunal dictó un total de 4.632 resoluciones durante el año pasado. Esta cifra no solo representa un incremento del 16,53% respecto al periodo anterior, sino que también confirma que el volumen de lo resuelto superó con holgura la cantidad de causas que ingresaron al sistema.
La clave detrás de los números: Cómo se logró
Si bien las estadísticas muestran que ingresaron 3.650 expedientes (un 6,94% menos que en 2024), el aumento en la velocidad de resolución tiene una explicación técnica que el periodista Jorge Vasalo destaca con claridad.
Uno de los motores principales de esta agilidad ha sido la Sala Penal, que dictó 1.380 resoluciones. Como explica Vasalo, el incremento de los juicios abreviados ha sido fundamental. En estos casos, los imputados admiten la acusación a cambio de una pena morigerada, lo que permite llegar a veredictos y sentencias de forma mucho más rápida, evitando que las causas por estafas, abusos u homicidios queden estancadas por años.
Radiografía de la productividad por Salas
El esfuerzo por reducir la antigüedad de los expedientes y las causas pendientes se reflejó en todas las áreas del TSJ:
Sala Laboral: Fue la más activa con 1.851 resoluciones dictadas.
Sala Civil y Comercial: Emitió 510 resoluciones.
Sala Contencioso-Administrativa: Cerró el año con 390 fallos.
Tribunal en Pleno: Cuando actúan los siete vocales (en temas electorales y de competencia originaria), se pronunciaron 501 resoluciones.
Comparativa de Gestión: 2024 vs. 2025
A continuación, un resumen de cómo evolucionó el trabajo del Tribunal en el último año:
Mirando hacia 2026: Transparencia y certeza
El informe oficial subraya que este nivel de producción ubica al 2025 como el segundo periodo de mayor actividad en la serie analizada de los últimos años, solo superado levemente por 2023.
Para este año 2026, el TSJ ya ha fijado nuevas metas de productividad con un objetivo claro: profundizar la transparencia, reducir los plazos de resolución y brindar mayor certeza a los ciudadanos y litigantes que esperan una respuesta del Estado provincial.
