El Gobierno de la Provincia de Córdoba publicó este miércoles en el Boletín Oficial la resolución que adjudica la licitación pública para ejecutar obras de reparación y mitigación de patologías edilicias inmediatas en el barrio SEP de la ciudad capital. La medida, dispuesta por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, asigna los trabajos a la firma Prestaciones Inmobiliarias SRL por un monto total de $238.120.144,70, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. La disposición oficial responde a un reclamo histórico de los residentes del sector debido al riesgo de derrumbe en las estructuras habitacionales.
Adjudicación y plazos
La empresa seleccionada se impuso en el proceso licitatorio sobre las firmas DOPPIAF, TEMAL y FENNEC, cuyas cotizaciones económicas resultaron más elevadas. Según especificó el pliego provincial, la oferta ganadora se ajustó a las condiciones técnicas para intervenir en la zona denominada «SEP II – Rosca V».
A partir de la notificación formal, la contratista dispondrá de un plazo de 120 días corridos para concluir las tareas asignadas, con la posibilidad de solicitar una prórroga en caso de ser necesario.
El reclamo vecinal
Los habitantes del complejo habitacional permanecían en estado de alerta debido al freno y al silencio administrativo de las obras. La problemática principal afecta a la segunda etapa del barrio, que comprende 16 monoblocks bajo la órbita de la Dirección de Viviendas de la Provincia, donde residen un promedio de 50 departamentos por torre.
Para habilitar la inversión pública en las estructuras privadas, la Provincia exigió la conformación previa de consorcios vecinales. El vocero de los vecinos, Ezequiel Torres, señaló que lograron constituir formalmente cuatro consorcios tras superar la desconfianza general ante promesas incumplidas.
Antecedentes y la situación crítica del Block V
La primera experiencia constructiva del plan concluyó de manera positiva con la reparación integral del Block I. No obstante, el esquema de trabajo se paralizó en el Block V, considerado el punto edilicio más crítico y afectado de la barriada.
El consorcio de dicha torre se conformó el 15 de diciembre bajo la promesa oficial de iniciar las tareas en un lapso de 60 a 90 días. Tras cumplirse 150 días de inacción, los vecinos denunciaron que la contratista retiró al personal en el mes de abril, dejando abandonados en el predio un obrador modular y un baño químico. Ante la falta de respuestas telefónicas de las autoridades del área de Viviendas, una delegación vecinal concurrió a las dependencias oficiales para exigir una audiencia y reclamar la regularización de otras seis torres vinculadas al Sindicato de Empleados Públicos que aún no poseen escrituras.
