El Presupuesto nacional 2026 presentado por el presidente Javier Milei apunta a un ajuste que golpea directamente el bolsillo de millones de argentinos: la reducción de subsidios de gas para los hogares de las zonas frías. La medida, incluida en el artículo 72 del proyecto enviado al Congreso, busca revertir la ampliación de 2021 que había incorporado a 3,1 millones de usuarios adicionales.
Esta eliminación afectaría especialmente a usuarios de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios. Dependerá del Congreso la aprobación de este ítem.
La definición, enmarcada en el mantra de mantener el superávit fiscal, busca recortar subsidios energéticos estimados en US$ 300 millones anuales a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Energía.
En Córdoba, el impacto será devastador si la mencionada iniciativa se aprueba: más de dos millones de cordobeses –alrededor de 653.000 hogares ubicados en 13 departamentos– perderían descuentos del 30% al 50% en sus facturas de gas natural y propano, afectando especialmente a jubilados, familias con AUH y electrodependientes en las sierras y el norte provincial.
El anuncio, transmitido el lunes pasado en cadena nacional por Milei, corre el riesgo de desatar un vendaval político y social en Córdoba, paralelo al que puede estallar en Mendoza, Entre Ríos, el Conurbano bonaerense y gran parte de la provincia de Buenos Aires, todas regiones igualmente afectadas por el proyecto oficial.
Mientras el gobierno nacional defiende la propuesta como una “corrección de distorsiones regresivas” –subsidios que, según la Resolución 219/2025, benefician incluso a hogares de ingresos medios en zonas templadas como Córdoba, financiados por usuarios de regiones cálidas como Chaco–, en la provincia cordobesa el eco es de alarma, reveló un informe del diario Comercio y Justicia.
El origen de un subsidio que calienta hogares
Para entender el porqué de esta batalla, hay que retroceder al 2002, cuando la Ley 25.565 creó el Régimen de Zona Fría para mitigar el impacto climático en la Patagonia, la Puna jujeña y Malargüe mendocino.
Bajo el gobierno de Alberto Fernández, la Ley 27.637 –impulsada por el kirchnerismo y sancionada en julio de 2021– expandió el beneficio a “subzonas” basadas en la norma IRAM 11603, incorporando áreas con inviernos rigurosos pero no extremos.
En Córdoba, esto sumó 13 departamentos: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, Cruz de los Milagros, General Roca, Pocho, Punilla, Río Primero, Río Segundo, San Alberto, San Javier y Santa María. Según datos de Enargas y Ecogas, la distribuidora que cubre el 90% del territorio provincial, el régimen beneficia hoy a cerca de 653.000 usuarios frentistas con descuento del 30% (general) y del 50% (vulnerables).
Localidades como Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Deán Funes, Jesús María y el Valle de Traslasierra –con mínimas que rozan los -12°C en julio– ven un alivio promedio de $ 10.000 a $ 15.000 bimestrales por hogar.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que financia estos descuentos vía un recargo del 6% en exportaciones (Resolución 356/2025), no sale del Tesoro Nacional, pero el Gobierno de Milei lo tilda de “insustentable”.
Consultoras como Economía & Energía estiman que la ampliación de 2021 incrementó el consumo unitario un 7% en las nuevas zonas, mientras caía un 9% en las excluidas, generando un “efecto rebote” de $ 200.000 millones anuales en subsidios. Críticos como el Centro de Estudios Fiscales para el Desarrollo Sostenible (CEFIP-UNLP) lo ven como una oportunidad para “focalizar por ingresos”, no por geografía, alineado con el Registro de Acceso a Subsidios Energéticos (RASE).
Impacto en el bolsillo cordobés: cifras que congelan
Imaginemos un hogar típico en Alta Gracia: cuatro integrantes, consumo invernal de 350 m³ por bimestre. Con subsidio, la factura mensual ronda los $ 22.000; sin él, saltaría a $ 35.000, un 60% más, monto que luego será ajustado por la inflación.
Para vulnerables –AUH, pensionados no contributivos–, el golpe es letal: el subsidio representa hasta el 15% del ingreso familiar, según el CEFIP. En el norte serrano, donde el 40% de la población es rural y dependiente de garrafas (antes beneficiarias del Programa Hogar), la garrafa de gas de 10 kg subiría desde los $ 18.000 actuales (YPF Gas) a casi $ 29.000.
El mapa del dolor es preciso. En Punilla (Villa Carlos Paz, La Cumbre), 80.000 hogares perderían el beneficio, afectando al turismo familiar que genera $50.000 millones anuales en la región. En Traslasierra (Villa Dolores, Mina Clavero), 150.000 usuarios –muchos en precarias conexiones– enfrentarían un “efecto dominó”: morosidad al 20% (como en la post-segmentación 2024), caída en el consumo (-15%) y riesgos sanitarios. El Ministerio de Salud provincial reportó en 2024 un 12% más de internaciones por afecciones respiratorias de personas de las sierras sin calefacción adecuada.
En Agua de Oro, el jardinero José Martínez, padre de tres, suspira: “Trabajo en casas de familia, gano $ 500.000. Con el descuento, caliento la casa; sin él, uso leña y se me enferma la familia. ¿Milei piensa en eso?”. En Achiras, la electrodependiente Carla Ruiz, cuya hija requiere oxígeno las 24 horas, teme: “El 50% me salva. Si lo quitan, ¿vendo el respirador para pagar el gas?”. Estas voces, amplificadas en las redes sociales donde ya se levanta polémica por la medida oficial, reflejan un consenso: el ajuste fiscal no puede ser sinónimo de ajuste vital.
La batalla política: ¿Córdoba resiste?
El gobernador Martín Llaryora no emitió hasta ahora un pronunciamiento directo sobre el artículo 72 –su agenda por estas horas se centra en una inmediata gira de 10 días por algunos centros financieros europeos–, pero su historial de tensiones con Milei augura resistencia.
En febrero de 2024, Llaryora mantuvo subsidios al transporte pese al recorte nacional, declarando: “Córdoba nunca se arrodilló”. En círculos políticos se descuenta que los legisladores de distintas fuerzas políticas (a excepción de los libertarios) obturarían el presupuesto si no se salva la ampliación.
El debate arranca el miércoles próximo (24 de septiembre) en comisiones, con el oficialismo libertario buscando quórum vía LLA y aliados. El interrogante es legítimo: si se aprueba, ¿cuál será el plan de contingencia de Ecogas? Ya aplica la división de facturas (antes bimestrales, ahora mensuales). ¿Qué le queda? ¿Una campaña de eficiencia energética como ya se hizo alguna vez?
