Las elecciones presidenciales en Perú continuaban este lunes sin un resultado definido, con cerca del 60% de las actas procesadas al cierre de esta edición y un escenario aún abierto en la disputa por el balotaje, previsto para el 7 de junio. En este marco, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la elección con alrededor del 16,89% de los votos, un porcentaje muy lejos del necesario para evitar una segunda vuelta.
Por el momento, la principal incógnita se centra en quién la acompañará en el balotaje. El escrutinio parcial muestra un empate técnico entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 13,88% de los votos y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien suma 12,50%.
Con una participación marcada por un récord de 35 candidatos, los primeros resultados confirmaron una alta fragmentación del voto, en línea con la inestabilidad política del país, que tuvo nueve presidentes en los últimos 10 años.
Por otro lado, la jornada electoral del domingo estuvo atravesada por demoras e inconvenientes operativos en distintos puntos del país. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se registraron fallas en la distribución de material y en la instalación de mesas, lo que dejó a más de 63.000 personas sin votar.
Ante esta situación, las autoridades dispusieron una extensión excepcional del proceso, habilitando la votación hasta ayer. Desde la madrugada, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de los colegios que no abrieron las mesas de votación el domingo.
En este contexto, la extensión del proceso también abre interrogantes sobre el comportamiento del electorado, ya que quienes votaron en la jornada adicional lo hicieron con información parcial de los resultados.
El ONPE, organismo organizador de los comicios, responsabilizó de los incidentes a una empresa de transporte contratada para repartir el material. Sin embargo, la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63.000 personas.
El documento oficial de la denuncia indica que tanto Corvetto, como el resto de funcionarios bajo su cargo serían responsables de haber cometido presuntamente delitos contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
Frente a este clima de incertidumbres y descontento social Hoy Día Córdoba dialogó con ciudadanas peruanas que participaron como miembros de mesa en diferentes colegios electorales. Angie Urbina lo hizo en una localidad Tantará, mientras que Jimena Espinoza cumplió dicha función en el distrito de Callao.
Con respecto a su experiencia, Urbina relató que la jornada en este pueblo fue “muy tranquila y organizada”, debido a la baja participación, aunque advirtió sobre irregularidades en su mesa. Según explicó, faltaron autoridades titulares y suplentes, por lo que debió asumir funciones pese a no estar inicialmente asignada. Además, señaló que el presidente de mesa habría firmado en lugar de al menos cinco votantes ausentes, para evitarles sanciones.
La testigo aclaró que no se alteraron votos, ya que se colocaron cédulas vacías para no modificar el conteo, pero remarcó que estas prácticas no fueron detectadas por el personal electoral.
A pesar de que su relato contrasta con lo ocurrido en diferentes distritos del país, la estudiante universitaria expresó su insatisfacción con la jornada a nivel nacional.
«La desorganización de todo el proceso electoral es decepcionante y muy lamentable. El hecho de que haya ocurrido con falta de cédulas en centros de votación es sorprendente, porque afecta directamente a miembros de mesa y votantes que organizaron sus tiempos, viajaron y se vieron perjudicados por una extensión del proceso por fallas evitables«, consideró.
Asimismo, la joven remarcó que la contratación de una empresa tercera para el abastecimiento de las cédulas también es cuestionable, ya que no se consideraron sus antecedentes. «Deja mucho que pensar sobre los intereses detrás de esa decisión. Todo esto genera más desconfianza en los organismos electorales y en el gobierno, debilitando la credibilidad en las instituciones encargadas del proceso electoral», afirmó Urbina.
En este contexto, Urbina advierte sobre una pérdida total de transparencia en las elecciones, una situación que, aunque ya no sorprende, resulta profundamente preocupante. La continuidad de estos problemas, sumada a la aceptación generalizada de irregularidades, refleja un deterioro en la confianza ciudadana y en la legitimidad del sistema electoral.
Por su parte, Jimena Espinoza, que fue presidenta de una mesa en Callao, advirtió sobre otra problemática poco hablada de la jornada electoral en Perú: muchos votantes, especialmente jóvenes, mostraron confusión y falta de información al momento de sufragar. Según relató, varios electores no sabían identificar la cédula ni cómo emitir correctamente su voto, e incluso algunos intentaban marcar fuera de la cabina.
“Se me quedaban viendo como si no supieran qué era la cédula”, recordó, y agregó que muchos preguntaban reiteradamente “si podían marcar con una X, un círculo o hacer voto cruzado”.
También señaló que hubo errores frecuentes en las boletas, como marcar en espacios incorrectos o no señalar un partido, lo que derivó en numerosos votos nulos.
En ese sentido, la estudiante universitaria consideró que existe una fuerte desinformación, especialmente en votantes más jóvenes, lo que impacta directamente en la validez del voto.
Con más de 27 millones de electores habilitados, el escrutinio continuará en los próximos días mientras persiste la incertidumbre sobre quiénes competirán en la segunda vuelta. En un escenario atravesado por la crisis institucional, la fragmentación del voto, la desinformación y los problemas logísticos, Perú se encamina a un balotaje competitivo y abierto, que definirá el rumbo político del país en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana e inestabilidad política.
