En medio de reclamos por demoras y deudas acumuladas en el sistema de atención a personas con discapacidad, se lanzó una convocatoria de carácter «urgente» para que prestadores de todo el país informen los montos que Pami e Incluir Salud mantienen pendientes.
La iniciativa apunta a reunir documentación sobre las obligaciones impagas y elaborar una auditoría técnica que permita contrastar esa información con los informes del Ministerio de Salud de la Nación, que sostiene que los fondos y las partidas destinadas al sector se encuentran regularizados.
Los datos serán utilizados como respaldo probatorio ante la Justicia para exigir la ejecución del fallo dictado por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que ordenó regularizar los pagos vinculados a las prestaciones de personas titulares de pensiones no contributivas.
La convocatoria alcanza a profesionales independientes, clínicas, centros educativos terapéuticos, transportistas, farmacias especializadas y otros prestadores que forman parte de la cadena de atención.
La abogada Marta Lastra, quien impulsó el amparo colectivo, explicó a Hoy Día Córdoba que la situación de los prestadores es dispar. Si bien algunos lograron reducir los atrasos, otros todavía acumulan varios meses sin cobrar. “Así como hemos logrado hace poco tiempo de que se pongan relativamente al día y en algunos casos solamente deben 3 meses, los 3 meses para atrás. Lamentablemente tenemos otros casos en donde existen deudas desde diciembre del año pasado”, señaló.
Según la letrada, el problema central es la falta de una estrategia que permita regularizar de manera generalizada los pagos. “El problema está en que no hay una decisión de organizar, de buscar que a todos los prestadores se les pueda pagar”, sostuvo.
Lastra también cuestionó que, mientras los prestadores reciben sus honorarios con demoras, deben afrontar sus obligaciones tributarias en tiempo y forma. “Esos impuestos también son cobrados con intereses, cosa que cuando liquidan una prestación de un mes vencido jamás pagan con intereses”, remarcó. La situación se vuelve muy compleja para quienes dependen de estos ingresos para sostener sus servicios y garantizar la continuidad de tratamientos.
El respaldo judicial
El reclamo llegó a la Justicia Federal de Córdoba a través de un amparo colectivo. El 18 de mayo de 2026, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de urgencia y ordenó restablecer los pagos de manera inmediata. Luego, el 23 de junio, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó la sentencia definitiva y dio lugar al amparo promovido por Lastra. Durante el proceso se acreditaron atrasos generalizados de hasta cinco meses en la cancelación de prestaciones.
Según los representantes de la acción colectiva, el fallo tiene alcance expansivo nacional y ampara a los beneficiarios de pensiones no contributivas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad en todo el país, además de los profesionales que garantizan sus tratamientos.
En ese marco, el nuevo relevamiento busca aportar información actualizada sobre el estado de las deudas. “Nosotros estamos pidiendo este relevamiento para acercarle a la Justicia cuál es la situación de los prestadores en el país”, explicó Lastra. Y agregó: “No es lo mismo que yo le pueda listar, que le pueda mencionar qué es lo que está pasando, a que le podamos acercar una nota de cada uno de los prestadores que se encuentran en cualquier sector de la Argentina a los que se les está debiendo”.
Tratamientos en riesgo
Para la abogada, las demoras no representan solamente un problema económico para los prestadores, sino que pueden repercutir directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias. “No se puede sostener el servicio que le vienen brindando ininterrumpidamente a ese titular de pensiones no contributivas, no se puede sostener con el aire”, afirmó.
Lastra también cuestionó los valores del nomenclador y vinculó la problemática con el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “El incumplimiento de la Ley hace que los valores arancelarios del nomenclador sigan siendo muy por debajo de los estipulados en los colegios profesionales de cada provincia”, explicó.
A esto sumó demoras y dificultades en distintas prestaciones. Según indicó, se están registrando suspensiones de cirugías, problemas para autorizar cambios de botón gástrico, demoras en tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos, entre ellos los destinados a pacientes oncológicos.
Sobre esto, la letrada afirmó: “Este sector de la sociedad que necesita la máxima protección y cuidado, no solamente de la sociedad, sino del Estado, sigue siendo atacado en lo que es indispensable para la vida misma: acceder a sus prestaciones, acceder a sus medicamentos, acceder a las cirugías”.
La denuncia penal
Paralelamente al amparo colectivo, se presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación. Lastra adelantó que la información reunida en el relevamiento también será incorporada a esa causa. “Solamente encontramos dilaciones, respuestas evasivas y, a la larga, son siempre incumplimientos”, cuestionó al referirse a los organismos responsables de garantizar el financiamiento.
La abogada también expresó su preocupación por el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud, otro de los financiadores del sistema: “Ojalá que Pami e Incluir Salud cumplan y ojalá que no se sume a este incumplimiento la Superintendencia de Servicios de Salud”.
“La discapacidad y la pobreza es la peor combinación”, afirmó reclamando por el funcionamiento efectivo de las instituciones para garantizar los derechos de uno de los sectores más vulnerables. “Hace falta que las instituciones de la República funcionen y espero que podamos lograr el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia”, concluyó la letrada.
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