Vecinos autoconvocados y concejaeles opositores de Villa Allende continúan reclamando contra el «Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal» impulsado por el intendente Pablo Cornet que busca cerrar las calles de diversos barrios con portones a fin de limitar la circulación nocturna. En ese sentido, presentaron dos recursos de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación de Córdoba argumentando que la medida vulnera derechos constitucionales como la libre circulación, la participación ciudadana y la igualdad ante la ley.
A través de un comunicado, los vecinos pidieron la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 3 de la Ordenanza 14/25 y de su Anexo I, «por violar derechos y garantías de raigambre constitucional y supranacional como la Libertad de tránsito, el derecho a la Participación, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a no discriminación, y a la igualdad ante la Ley».
En diálogo con HOY DÍA CÓRDOBA, Hugo Mariano Yagüe, encargado de difusión del colectivo de vecinos autoconvocados, expresó: «Lo que nos parece importante destacar es la violación a los derechos y garantías constitucionales de la Ordenanza 1425, que ha sido atacada e impugnada por esta acción de amparo presentada por vecinos autoconvocados, no solo en el aspecto de la interrupción a la libertad de tránsito, una medida que no solo es inconstitucional, sino que no sirve para resolver el tema de la inseguridad, sino que agrega inseguridad por el bloqueo al paso vehicular, a los afluentes de las vías de irrigación, los ríos, arroyos, que acá en Villa Allende han generado más de una inundación, el problema de las motos que circulan con actividad comercial, como los repartidores y demás, los empleados que trabajan en el barrio y que no van a poder tener acceso sencillo a los lugares a donde vayan a trabajar».
«Se desconoce los tipos de delitos que hay, se presume, se cree, se prefigura un escenario del delito que no es preciso, porque no hay ningún estudio que fundamente las medidas que autoricen pensar que un cerramiento va a ser eficaz«, agregó Yagüe en una crítica a los fundamentos técnicos del plan.
A su vez, el portavoz denunció que el mecanismo de participación ciudadana diseñado por el municipio deja afuera a una gran parte de la comunidad: «Está armado solamente para vecinos titulares del servicio, de la tasa de servicios a la propiedad, es decir, quedan afuera los inquilinos, los ocupantes, el que tiene una vivienda prestada, el trabajador, el comerciante que no vive en el barrio, o el titular de una casa que no haya hecho la sucesión de un familiar que haya fallecido recientemente».
Finalmente, Yagüe adelantó que los vecinos, en colaboración con profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lanzarán un observatorio de inseguridad: “Lo que no hacen las autoridades, lo que no hace la política y las instituciones, lo van a tomar en sus manos los vecinos junto con profesionales de la UNC, que van a ayudarnos en la construcción de un observatorio de la seguridad y de la inseguridad en la ciudad. Para así poder ponernos a diseñar una política ajustada a la realidad de Villa Allende y eficaz en torno a la protección de los bienes, la libertad y la vida de los vecinos».
Mientras se resuelve el planteo judicial, los vecinos han solicitado una medida cautelar para suspender la implementación de la ordenanza. La decisión ahora está en manos de la Justicia.
