Con preocupación creciente, bibliotecas populares de todo el país alzan la voz contra el decreto 345/25, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 22 de mayo pasado, que propone la reestructuración de varios organismos culturales, entre ellos la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). La medida, que podría resolverse este miércoles en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, pondría fin a la autarquía del organismo y su capacidad de administrar sus propios fondos.
Desde su creación en 1870 por impulso de Domingo Faustino Sarmiento, la Conabip ha sido pilar en el fomento de la lectura, la cultura y la participación ciudadana. Su funcionamiento está respaldado por la Ley 23.351, que le garantiza independencia en la toma de decisiones, así como un presupuesto propio, equivalente al 1% de lo recaudado por la Lotería Nacional. Con el nuevo decreto, ese presupuesto pasaría a depender de la Secretaría de Cultura, eliminando la autonomía financiera y administrativa de la comisión.
“Empezamos a temblar cuando se habló del Fondo Nacional de las Artes, pero esto fue aún más inesperado”, expresó Perla Rita Martínez, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de Córdoba (Febipo). Junto a ella, miles de referentes bibliotecarios han expresado su inquietud por el posible desmantelamiento de una política pública histórica y exitosa.
Uno de los puntos más críticos es la posible eliminación de subsidios clave, como el programa Libro%, que permite a las bibliotecas adquirir libros al 50% de su valor durante la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. También se verían afectados los fondos destinados al mantenimiento de las bibliotecas y la conectividad digital.
María Maiztegui, voluntaria desde hace tres décadas en la Biblioteca Popular Mi Jardín, advirtió: “No importa si estamos en una capital o en un pueblo. Si se aprueba este decreto, nada garantiza que los fondos lleguen a nuestras bibliotecas”.
Otro aspecto que genera rechazo es el cambio en la conformación de la Junta Consultora de la Conabip. Actualmente integrada por representantes de todas las provincias, sería reemplazada por un Consejo Asesor de cinco personas elegidas por el secretario de Cultura, lo que según los críticos, eliminaría el carácter federal del organismo.
Desde distintos frentes se han impulsado acciones de resistencia. Exministros de Cultura de diversos signos políticos, expresidentes de la Conabip y asociaciones civiles presentaron una carta al Congreso solicitando el rechazo del decreto. Organizaciones como Bibliotecas Populares en Lucha y la Red Internacional por las Bibliotecas Populares también se movilizaron, denunciando una amenaza directa al acceso democrático a la cultura.
“La Conabip representa una alianza entre Estado y sociedad civil, reconocida a nivel internacional”, destacó Guadalupe Meroño ante la Comisión de Cultura de Diputados. En ese sentido, se subraya que el aporte voluntario de miles de personas en estas bibliotecas representa un importante ahorro para el Estado.
El Gobierno argumenta que el decreto busca “una administración más eficiente de los recursos públicos”, pero referentes como Ana Cabanillas, coordinadora de la Biblioteca Popular Bella Vista, alertan que esto implicaría “un vaciamiento sin fundamentos técnicos ni presupuestarios”.
El debate continúa y el tiempo apremia: el miércoles vence el plazo para que la Comisión Bicameral se expida sobre el decreto. Mientras tanto, las bibliotecas populares se mantienen firmes en su defensa. “Si lo aprueban o lo rechazan, la lucha va a seguir”, aseguró Perla Martínez. La cultura, afirman, está en riesgo
