La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica mientras cumple prisión domiciliaria, y mantener las restricciones para recibir visitas en su residencia del barrio porteño de Constitución.
El fallo, respaldado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos del abogado defensor Carlos Beraldi, quien había pedido que se eliminen esas medidas. También quedó confirmado que la ex mandataria deberá solicitar autorización para recibir en su domicilio a cualquier persona que no forme parte del núcleo familiar, el equipo médico o su defensa legal, quienes pueden ingresar sin trámites previos si figuran en la lista presentada al juzgado.
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia respecto al monitoreo electrónico y las restricciones de visitas, al considerar que la ex presidenta ya cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios escasos.
Asimismo, Casación ratificó que la ex jefa de Estado seguirá cumpliendo su condena de seis años de prisión en el domicilio de la calle San José 1111, rechazando la propuesta de la fiscalía de trasladarla a otra residencia.
Durante una audiencia reciente, Beraldi defendió la permanencia de su defendida en ese domicilio, argumentando que allí puede recibir a sus hijos y nieta en condiciones seguras. También criticó la imposición de la tobillera y las restricciones como medidas que ignoran la “condición de mujer” de la ex mandataria, en contradicción con convenios internacionales sobre derechos de las mujeres.
Por otra parte, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema actualizó el monto del decomiso en la causa Vialidad, que asciende ahora a 684.990 millones de pesos, en línea con el pedido del Tribunal Oral Federal N°2, que condenó en 2022 a Cristina Fernández, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López por administración fraudulenta. La cifra original, fijada en más de 86.000 millones de pesos, fue actualizada tras quedar firme la sentencia por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.
