El Gobierno nacional presentó una objeción ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para que no se incorpore información confidencial en el expediente del caso vinculado a la expropiación de YPF.
La solicitud fue realizada en el marco del proceso arbitral que se desarrolla en ese organismo, donde fondos de inversión reclaman compensaciones por la estatización de la petrolera en 2012. La Argentina planteó que ciertos documentos no deberían ser admitidos por su carácter reservado.
De acuerdo con la presentación oficial, el objetivo es que el tribunal establezca límites sobre el tipo de información que puede utilizarse como prueba, en especial aquella sujeta a acuerdos de confidencialidad o que involucre datos sensibles.
El planteo no implica una definición sobre el fondo del litigio, sino que se inscribe dentro de las instancias procesales habituales en este tipo de arbitrajes internacionales.
Un proceso en desarrollo
El caso YPF forma parte de los expedientes que tramitan ante el Ciadi, organismo dependiente del Grupo Banco Mundial que interviene en controversias entre Estados e inversores.
El tribunal deberá resolver si admite o rechaza la documentación cuestionada, en una etapa en la que las partes continúan con la presentación de pruebas y argumentos.
El desarrollo del proceso seguirá bajo análisis en función de las decisiones que adopte el organismo en las próximas instancias.
