El Gobierno de Estados Unidos rechazó un pedido de cooperación judicial de la Argentina en la investigación por el presunto fraude vinculado al criptoactivo $LIBRA, impulsado por el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y difundido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Según la respuesta oficial de Washington, las pruebas aportadas por los tribunales argentinos fueron insuficientes para demostrar que se hubiera cometido un delito.

La decisión fue comunicada formalmente el 28 de septiembre, a través de una carta de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense, dirigida al Ministerio de Justicia argentino para que fuera presentada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien instruye la causa en los tribunales de Comodoro Py.

En el documento, firmado por la fiscal Mari Aponte, las autoridades estadounidenses informaron que cerrarían el expediente relacionado con la solicitud argentina y que no entregarían los registros requeridos por la Justicia. El pedido apuntaba a obtener información sobre suscriptores que permitiera avanzar en la investigación del presunto fraude.

“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, señaló la comunicación, que también remarcó la necesidad de establecer una conexión clara entre las personas investigadas, los posibles delitos y la asistencia judicial solicitada.

El argumento de Estados Unidos sobre las criptomonedas

Uno de los puntos centrales de la respuesta estadounidense fue el carácter especulativo y no regulado de determinados criptoactivos. Según el Departamento de Justicia, quienes invierten en este tipo de activos asumen riesgos asociados a su volatilidad y a las características del mercado.

En esa línea, el organismo sostuvo que las campañas intensivas en redes sociales y la publicación viral de un político que promueve una criptomoneda no constituyen, por sí solas, pruebas suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante engaños.

Aunque la carta no identificó a ningún dirigente en particular, el planteo podría aplicarse a figuras públicas que utilizaron sus redes para dar visibilidad a criptoactivos, entre ellas Milei y el presidente estadounidense Donald Trump, además de Melania Trump, vinculados a proyectos que llevan sus nombres o que recibieron difusión pública.

En el caso argentino, Milei publicó el 14 de febrero de 2025 un mensaje en su cuenta de X en el que compartió el código necesario para adquirir $LIBRA. En ese momento, presentó el proyecto como una iniciativa destinada a impulsar el crecimiento económico del país mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos.

Sin embargo, tras el desplome del activo, el mandatario eliminó la publicación y buscó distanciarse de sus impulsores. Argumentó que se había limitado a difundir el proyecto y no a promocionarlo. Posteriormente, comparó la operación con apostar en un casino e incluso con una “ruleta rusa”.

La respuesta de Washington introdujo un matiz en esa discusión al referirse expresamente a un político que “promueve” un criptoactivo. No obstante, el documento se limitó a fundamentar el rechazo del pedido argentino y no aclaró si la Sección Fraudes del Departamento de Justicia mantiene una investigación propia sobre el caso.

Un pedido de información que llevaba más de un año

La solicitud argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la recibió el 8 de abril de 2025 y requirió información complementaria a las autoridades judiciales argentinas en dos oportunidades: el 24 de abril y el 31 de julio de ese año.

La primera respuesta desde la Argentina llegó el 31 de julio de 2025, mientras que la segunda fue enviada el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Finalmente, las autoridades estadounidenses consideraron que los elementos aportados no alcanzaban el umbral necesario para facilitar los registros solicitados.

El rechazo representa un obstáculo para la investigación local, ya que impide acceder a la información requerida mediante ese mecanismo de cooperación internacional. Sin embargo, la decisión no constituye una resolución sobre el fondo de la causa argentina ni determina, por sí misma, la inexistencia de un posible delito.

Tras el colapso de $LIBRA, miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países sufrieron pérdidas. Las estimaciones citadas en las primeras denuncias ubicaron el presunto perjuicio económico entre 87 y 107 millones de dólares. En los días posteriores al desplome, funcionarios de la Sección Fraudes estadounidense habrían recibido al menos un reporte de operaciones criminales, aunque no trascendió si esas actuaciones avanzaron.

El revés judicial en Nueva York

La comunicación del Departamento de Justicia se conoció un día antes de otra decisión adversa para los damnificados por $LIBRA. El 29 de septiembre, la jueza federal Jennifer Rochon desestimó la demanda colectiva presentada en Nueva York por inversores que denunciaron presuntos delitos vinculados con el lanzamiento y posterior caída del criptoactivo.

La magistrada hizo lugar a los planteos de desestimación formulados por Davis y otros integrantes de Kelsier Ventures, así como por Benjamin “Ben” Chow y Dynamic Labs. También rechazó el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia. Tras esa resolución, los impulsores de la demanda deben evaluar si recurren ante la Cámara de Apelaciones.

Rochon consideró que los demandantes, Omar Hurlock y Anuj Mehta, no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO, una normativa utilizada para perseguir patrones continuados de actividad ilícita. En particular, entendió que no se había acreditado el requisito de continuidad necesario para configurar ese tipo de conducta.

La resolución mencionó 18 veces a Milei y examinó el papel que los demandantes le atribuyeron en la difusión del activo. Según la presentación judicial, el mensaje publicado por el Presidente en X generó un aumento del interés de los inversores, del volumen de operaciones y de la cotización de $LIBRA.

La jueza también hizo referencia a mensajes atribuidos a Davis en los que el empresario habría afirmado tener influencia sobre el mandatario y ofrecido reuniones con él a cambio de dinero. En otras comunicaciones incorporadas a la demanda, Davis habría asegurado que enviaba dinero a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que el jefe de Estado hacía lo que él le pedía. Estas referencias forman parte de las alegaciones examinadas en el expediente y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial de que esos hechos hayan sido probados.

De esta manera, tanto el rechazo estadounidense al pedido de cooperación como la desestimación de la demanda colectiva en Nueva York representan reveses para quienes buscan esclarecer las responsabilidades por el caso $LIBRA. Sin embargo, ambas decisiones responden a procedimientos distintos y no implican, por sí solas, el cierre de la investigación penal que continúa en los tribunales argentinos.