Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles por la tarde al hall del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida finalizó con un desalojo de la Policía Federal y la confirmación del Ministerio de Capital Humano de que presentará denuncias penales contra los manifestantes.
A una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, un grupo de más de cien estudiantes pertenecientes a la UBA, la UNLP, la UNQ, la UNSAM, la UNA y la UNLanús concretaron una protesta en la sede de la Secretaría de Educación. La iniciativa comenzó con una sentada sobre la calle Pizzurno y derivó en el ingreso al hall central del edificio «en busca de respuestas» ante la parálisis presupuestaria. Los manifestantes reclamaron la aplicación efectiva de la normativa, el incremento de las Becas Progresar, la recomposición salarial docente, partidas para comedores y residencias, y la plena vigencia del boleto educativo.
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva en la UBA, sostuvo desde el interior del inmueble: «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir». Asimismo, convocó a la ciudadanía a sumarse al reclamo.
En la misma línea, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (UBA), remarcó: «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció».
Ruptura del diálogo y desalojo bajo la lluvia
Durante la permanencia, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, accedió a recibir a una comitiva de cuatro representantes estudiantiles. Sin embargo, al ingresar a la sala, a las jóvenes se les retiraron los teléfonos celulares y la reunión se interrumpió de manera abrupta a los tres minutos tras un llamado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenando cancelar toda negociación.
Seguidamente, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, grabó a los manifestantes acusándolos de cometer un delito. En simultáneo, efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron por accesos secundarios y desalojaron a empujones a quienes realizaban la sentada en el hall. Tras la mediación de los diputados Itai Hagman y Lucía Cámpora, los estudiantes se retiraron por un cordón policial bajo una torrencial lluvia y marcharon hacia la Plaza Houssay.
Denuncia penal del Ministerio de Capital Humano
Tras la evacuación del inmueble, el Gobierno difundió un comunicado bajo la consigna «Por la fuerza, nada» y calificó la protesta como una «toma violenta». Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron la presentación de una denuncia penal ante la Justicia para investigar presuntos daños al patrimonio público y determinar responsabilidades individuales entre los participantes. En contraposición, las dirigencias estudiantiles rechazaron las acusaciones y remarcaron que el verdadero incumplimiento del Estado de Derecho proviene del Ejecutivo al negarse a aplicar la ley aprobada.
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