En los primeros seis meses del año, 128 mujeres fueron asesinadas en el país víctimas de femicidio, lo que equivale a un crimen cada 34 horas, según datos relevados por el Observatorio de Mumalá. La información fue adelantada por Victoria Aguirre, vocera nacional de la organización, quien advirtió sobre la gravedad de la situación y la falta de respuestas estatales.
Aguirre detalló que entre el 1 de enero y el 30 de junio también se contabilizaron 505 intentos de femicidio. “Son mujeres que hoy están vivas, pero que deben enfrentar las secuelas físicas y emocionales de esos ataques”, expresó en declaraciones al programa Tiempo de Policiales de ATP Radio.
Según el informe, el 32% de los femicidios fueron cometidos con armas blancas, el 21% con armas de fuego (un porcentaje que descendió respecto a períodos anteriores), otro 21% a golpes, cifra que aumentó significativamente, el 16% por asfixia y el 4% mediante quemaduras. Un dato alarmante es que el 10% de los femicidas eran integrantes de fuerzas de seguridad.
Además, el estudio reveló que el 18% de los agresores asesinó a una tercera persona, el 13% se suicidó después de cometer el crimen y el 4% intentó quitarse la vida. También se registró que el 13% de los femicidas intentó ocultar el cuerpo de la víctima.
El 71% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima o en la que compartía con su agresor, mientras que el 11% se perpetró en la vía pública.
Preocupación por la caída en las denuncias
Aguirre remarcó que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se observa una fuerte baja en la cantidad de denuncias previas. «Hoy solo el 13% de las víctimas había denunciado a su agresor, mientras que antes del actual gobierno la cifra oscilaba entre el 18% y el 22%», explicó.
Para la abogada, esta reducción no significa que los casos hayan disminuido, sino que las víctimas tienen cada vez menos acceso a la Justicia y a políticas de protección integral. “Se cerraron espacios de acompañamiento y no se están destinando recursos a políticas de género. Eso desalienta a las mujeres a buscar ayuda”, afirmó.
Reclamo por dispositivos duales
Aguirre insistió en la necesidad de incorporar dispositivos duales de geolocalización, como las tobilleras electrónicas que permiten alertar simultáneamente a la víctima, al agresor y a la policía cuando se incumple una restricción de acercamiento.
“Estos dispositivos ya demostraron su eficacia en países como España, donde se logró reducir drásticamente la tasa de femicidios. El botón antipánico y las restricciones perimetrales no son suficientes porque se activan cuando el agresor ya está cerca. Con las tobilleras, el sistema actúa antes”, explicó.
A pesar de que hubo proyectos presentados en el Congreso para implementar este tipo de tecnología, muchos perdieron estado parlamentario y no fueron retomados. “Es una cuestión de inversión y de decisión política”, aseguró Aguirre.
Finalmente, describió como “crítica” la situación actual de las víctimas de violencia de género. “Volvimos a una época donde a las mujeres no les toman las denuncias o les ponen obstáculos. Los espacios de asesoramiento y contención están desmantelados. Este es el resultado de no priorizar políticas públicas para combatir la violencia machista”, concluyó.
