La Justicia Federal de Córdoba ordenó ayer la excarcelación del empresario Gustavo Arce, dueño de la reconocida firma Agustino Cueros, bajo el pago de una fianza que alcanza los 1,5 millones de pesos. La medida, que dejará en libertad a quien está siendo investigado por los delitos de lavado de activos y evasión agravada, fue dispuesta por el juez federal Nº 2 Alejandro Sánchez Freytes.
Arce, que permanecía apresado en la cárcel de Bouwer, fue detenido el pasado 27 de noviembre acusado de cometer los delitos anteriormente nombrados, por un monto que superaría los 14 millones de pesos. Dos días después, el abogado defensor Agustín Díaz Cafferata ya había solicitado la liberación afirmando que no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación que pueda sostener la continuidad de la detención”.
Por su parte, el empresario aseguró que se trataba de una persecución” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Es que, la causa, en la que también están imputados también otras 10 personas, comenzó en el pasado mes de agosto cuando la directora del área Penal Económica de la Afip, Elisa Diez, presentó una denuncia acusando a otra compañía de haber realizado presuntas maniobras financieras delictivas.
Tras esa acusación, el caso recayó en la Fiscalía Federal nº 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, quien armó un equipo especial para comenzar con la investigación. Tras algunas pesquisas, los investigadores se dieron con que la empresa señalada tenía relación financiera con la marca conocida de manera popular como Agustino Cueros, a pesar de que ese nombre formal ya fue dado de baja por el mismo Arce en 2013.
Voladura de una pizzería
El Juzgado de Control en lo Penal Económico ordenó ayer la inmediata liberación de Diego Iván Santolino, dueño de la pizzería Santorini, que explotó el pasado 13 de octubre en avenida Fuerza Aérea al 1800 del barrio Parque Capital. El tribunal tomó la decisión tras hacer lugar a una oposición presentada por la defensa, en contra de la prisión preventiva dispuesta por la Fiscalía Subrogante nº 1. Cabe recordar que tras la voladura del negocio la querella había solicitado aplicar estrago doloso. El abogado Carlos Nayi, representante de Ricardo González, dueño de la propiedad contigua que sufrió daños había aclarado días después que la idea es la máxima sanción para quien creó una situación de peligro para el vecindario completo en una zona densamente poblada”.
