BRASILIA.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que no hubo dictadura en Brasil y que los militares son los únicos garantes de que el socialismo no pueda implementarse en el país. “Nosotros, los militares, somos el último obstáculo al socialismo. Quien decide si va a ser una dictadura o democracia son los militares, no será la orden de los abogados, ni el consejo de medicina ni la asociación industrial”, expresó Bolsonaro. El presidente defendió así la iniciativa de conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1964, que instaló una dictadura de 21 años. “Dictadura no hubo, hubo algunos problemitas”, dijo Bolsonaro, y anunció que el gobierno revisará el sistema de concesión de indemnizaciones a presos y exiliados durante la dictadura.
En consecuencia, una jueza de Brasilia dio cinco días a Bolsonaro para explicar su indicación al Ministerio de Defensa para conmemorar el régimen militar, al que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público Federal consideran una apología de la violación constitucional y de una “enorme gravedad constitucional”, y advirtió que Bolsonaro puede ser acusado de “improbidad administrativa” por hacer apología de la dictadura desde el Poder Ejecutivo. “Este acto se reviste de una enorme gravedad constitucional porque representa la defensa de la falta de respeto al Estado Democrático de Derecho. Es necesario recordar que en 1964 estaba en vigor la Constitucíón de 1946 y el mandato del entonces presidente Joao Goulart seguía su curso normal”, sostuvo en un comunicado la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público. “El golpe de Estado de 1964 fue un rompimiento violento y antidemocrático del orden constitucional”, continua el texto. “Los aparatos de represión de la dictadura asesinaron o hicieron desaparecer a 343 sospechosos de disidencia política y 8.000 indígenas. Se estima que entre 30 y 50 mil personas fueron presas ilegalmente y torturadas. Esos no fueron excesos y sí una política decidida por jefe militares y los presidentes”, concluyó el comunicado del Ministerio Público Federal, citando a la Comisión de la Verdad instalada entre 2012 y 2014 que investigó los crímenes de la dictadura, que no pueden ser juzgados porque está en vigor la Ley de Amnistía de 1978.
Por su parte, el vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourao, afirmó que el presidente Bolsonaro “nunca será una amenaza a la democracia” y que gobernará con “medidas impopulares” como la reforma previsional que fue enviada al Congreso, la principal medida de ajuste económico del gobierno y que obligará a los brasileños a trabajar 10 años más que ahora para cobrar la jubilación integral.