BRASILIA. – La lucha de Luis Inacio Lula Da Silva tuvo finalmente ayer una buena noticia cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil aceptó en parte la apelación presentada por el ex mandatario a la condena en su contra por “corrupción pasiva”, y le redujo en cuatro años y tres meses la condena por la que está preso desde abril del año pasado en Curitiba. La decisión permitiría que el ex mandatario pueda pasar a un régimen de reclusión semiabierto o de arresto domiciliario a partir de septiembre próximo.
Tres de los cinco miembros de la máxima corte de Brasil consideraron que correspondía aplicarle una pena de ocho años y diez meses de prisión al ex mandatario, lo que implica una reducción de cuatro años y tres meses de la condena que le había impuesto a Lula la cámara de segunda instancia que revisó el fallo del ex juez Sérgio Moro, mentor de la megacausa Lava Jato, hoy ministro de Justicia del gobierno ultraderechista del presidente Jair Bolsonaro.
Se trata de la primera victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) desde que en 2017 fue condenado por Moro a nueve años y medio de prisión en base a la “convicción” del juez de que Lula habría recibido un departamento de la empresa constructora OAS, que estuvo a cargo de obras públicas, a cambio de contratos con Petrobras. La “convicción” alegada por Moro se explica en que nunca encontró pruebas directas que relacionaran al ex mandatario con el departamento ubicado en el balneario de Guarujá: en el juicio de hecho se determinó que Lula no había pasado ni una sola noche en el inmueble y tampoco se encontró título de propiedad o papel alguno que lo relacionara al departamento. Sólo se pudo determinar que la fallecida ex primera dama, Marisa Leticia, había pagado las primeras cuotas para adquirir el inmueble, pero luego desistió de comprarlo y se mantuvo a nombre de OAS.
La falta de pruebas se agravó en 2018 cuando nuevos documentos ratificaron que Lula no era el dueño del departamento, ya que el inmueble fue entregado como garantía por una empresa constructora. Pese a ello, Tribunal Regional Federal 4 elevó en enero de ese año la condena a doce años y un mes de prisión y abrió la posibilidad de encarcelar a Lula a partir de una condena en segunda instancia, el 7 de abril de 2018.
En el nuevo contexto político que vive Brasil con la asunción de Bolsonaro, la sentencia del STJ tiene una lectura política clara: es un revés directo para Moro, apodado como el “Superministro” de Justicia. Los magistrados Félix Fischer, relator del caso, Jorge Mussi y Reinaldo Soares da Fonseca coincidieron en modificar la pena durante la sesión de la Quinta Sala del Superior Tribunal. La defensa reclamaba, empero, la nulidad completa de la condena por “vicios de origen” como el hecho de que se basa únicamente en testimonios de testigos arrepentidos que se beneficiaron con sus declaraciones, en vez de “fundamentarse en pruebas fehacientes”.
Según el Código Penal brasileño, una vez cumplido un sexto de su sentencia, los condenados tienen derecho a pedir la progresión de su pena, por lo que a partir de septiembre Lula podría ya solicitar cambiar a un régimen semiabierto (trabajar fuera de la cárcel y volver para dormir) o incluso la prisión domiciliaria. Claro que la decisión del STJ aún puede ser apelada por el Ministerio Público fiscal.
