El parlamento de Austria aprobó ayer una prohibición total de uso para el glifosato en todo el territorio nacional. De este modo, el país se convirtió en el primero de la Unión Europea (UE) en frenar por completo al controvertido herbicida. El argumento que se esgrimió para llevar adelante la prohibición fue el “principio de precaución”.
Una mayoría de diputados votó a favor de la enmienda propuesta por el partido socialdemócrata SPO en virtud de la cual “la introducción en el mercado” de productos con glifosato está “prohibido en nombre del principio de precaución”, el cual respalda la adopción de medidas protectoras, ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva.
La prohibición recibió el apoyo del partido de extrema derecha FPÖ, de los liberales Neos y de la lista progresista Jetzt, mientras que el partido popular ÖVP votó en contra. Los populares calificaron la iniciativa como “una bofetada para todos los agricultores que usan esta sustancia de forma correcta”. Por otra parte, la organización medioambiental Greenpeace habló de un “histórico éxito”.
Los expertos en Austria advirtieron que la prohibición adoptada podría ser contraria a la legislación europea, que permite el uso del glifosato a nivel comunitario hasta finales de 2022. El agroquímico en cuestión es el más utilizado en los campos europeos, pero sus efectos sobre la salud y el medioambiente son el centro de grandes polémicas. El glifosato se comercializa bajo varias marcas, pero la más conocida es Roundup, de Monsanto, que desde el año pasado es parte del grupo químico alemán Bayer.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, sigue por ahora a sus agencias científicas, que no han clasificado a la sustancia como cancerígeno. Del mismo modo, el Parlamento austríaco aprobó por unanimidad prohibir la venta de bolsas desechables de plástico a partir de 2021, con lo que se pretenden evitar entre 5.000 y 7.000 toneladas de residuos.
El proyecto de ley de la ex ministra de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, del conservador Partido Popular, ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios. En realidad la prohibición se aplica desde el 1 de enero de 2020 pero se permite a los establecimientos un periodo de transición de un año para vender las bolsas que todavía tienen en sus almacenes. De la prohibición se excluyen las bolsas completamente biodegradables y que estén fabricadas de materiales renovables.
