SANTIAGO DE CHILE.- Tras 11 días de un estallido social sin precedentes en los 29 años de democracia chilena, el gobierno de Sebastián Piñera no logra bajar la tensión en las calles, donde ayer se repitieron tanto las movilizaciones masivas en contra de su gestión como la dura represión de las fuerzas de seguridad.
Miles de manifestantes se concentraron en la Plaza Italia, sobre la principal avenida de la capital chilena, con el objetivo de marchar hacia el Palacio de la Moneda para replicar “La marcha más grande de Chile”, en referencia a la histórica concentración de más de 1.000.000 de personas ocurrida el viernes pasado. Si bien la movilización convocada a través de las redes sociales buscaba dirigirse originalmente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, los organizadores redireccionaron el destino a la plaza Baqueado, debido al fuerte operativo montado por los Carabineros.
Si bien la concentración se mostró pacífica, algunas personas denunciaron la presencia de “infiltrados”: grupos de encapuchados que corrían y agredían entre la gente que se manifestaba. A la vez, frente al Palacio de la Moneda, llegaron algunos grupos de manifestantes que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Un observador de los organismos de derechos humanos resultó de hecho herido por disparos de los Carabineros, como denunció Amnistía Internacional (AI), que por la tarde comunicó que “manifestamos nuestro rechazo por la represión policial que se vive en estos momentos en la Alameda, que ha afectado de manera particular a un funcionario del @indh, quien realizaba labores de observación y cumplimiento del derecho a manifestarse pacíficamente”.
La multitudinaria manifestación se replicó también en otros puntos del país, como Valparaíso (donde se encuentra la sede del Congreso), y en Concepción, en el sur de Chile, entre otras regiones. Lo cierto es que a la incapacidad del Gobierno para calmar la revuelta social, se suma la creciente sofisticación de los reclamos de los manifestantes, que ayer esbozaban una reivindicación que gana cada vez más terreno: la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución instaurada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet.
El principal reclamo de los chilenos es que aquella Constitución del dictador privatizó los servicios básicos y creó sistemas de educación y salud a los que sólo se puede acceder según el poder adquisitivo.
El Gobierno admite la posibilidad de violaciones a DD.HH.
SANTIAGO DE CHILE.- Los flamantes ministros Hernán Larraín (Justicia), Gonzalo Blumel (Interior) e Isabel Plá (Mujer y Equidad de Género), se reunieron con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile para tratar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la represión de las protestas. “Se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, admitió tras la reunión Larraín, mientras que Blumel aclaró que “le hemos pedido a PDI y Carabineros que actúen con total apego a los protocolos y (…) a la ley, al mandato institucional”.
El lunes, el INDH informó que alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos: cinco son por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 son por tortura, de los cuales 18 tienen una connotación sexual. “De las situaciones observadas directamente por el INDH, constatamos más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas más de 1.100 han sido heridas, y de estas casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo”, amplió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH. A su vez, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile informó que recibió en total 505 denuncias por 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 lesiones oculares, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por vehículos policiales, entre otros casos.
Denuncian la desaparición de 13 mujeres
SANTIAGO DE CHILE.- Antes del desembarco de la misión de Naciones Unidas en Chile, que llegará recién hoy y permanecerá hasta el 22 de noviembre investigando las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, la Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció ayer la desaparición de 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre en Chile, cuando empezaron las protestas en todo Santiago y cuando se vivió la primera noche en “Estado de emergencia”.
A su vez, la organización Abogadas Feministas (Abofem) informó que recibió 13 denuncias de índole sexual, de las cuales tres incluyen “ataques lesbofóbicos”. Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de Abofem, denunció que fueron informada de humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, incomunicaciones, desnudamientos forzosos de algunas manifestantes y que el número de estas vulneraciones han ido en aumento a nivel nacional. (Ver más información en la página 9)
