Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. Este lunes comenzaron la tercera semana de protestas, bloqueos y movilizaciones que derivaron en enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en La Paz, mientras crecen los pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder.
La jornada estuvo marcada por incidentes en el centro de La Paz, donde sectores movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, maestros rurales y grupos afines al ex presidente Evo Morales intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo, para exigir la salida del mandatario.
Según reportaron medios locales como La Razón y El Deber, al menos un integrante de la COB resultó herido durante los disturbios, registrados en inmediaciones del centro político de La Paz. La Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes replicaron con petardos, palos con clavos y explosivos caseros.
La Plaza Murillo permanece bajo un fuerte resguardo policial y militar, mientras el Palacio de Gobierno fue blindado ante el avance de columnas de manifestantes que llegaron tras varios días de marcha desde distintos puntos del país.
La escalada del conflicto ya genera consecuencias concretas en la vida cotidiana. Los bloqueos en rutas estratégicas mantienen parcialmente paralizado al país y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto. Además, algunas escuelas suspendieron las clases presenciales y adoptaron modalidades virtuales ante el clima de tensión.
Evo Morales llamó a sostener las protestas
En medio de la crisis, Morales aseguró este lunes que Bolivia está “totalmente paralizada” y llamó a sus seguidores a mantener las protestas hasta lograr la renuncia de Rodrigo Paz.
Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece refugiado y protegido por organizaciones cocaleras, Morales afirmó que el país se encuentra prácticamente cercado por bloqueos y denunció un supuesto operativo militar y de inteligencia destinado a detenerlo o incluso atentar contra su vida.
“La Paz está totalmente cercada. Cochabamba cercado. Santa Cruz solo tiene salida hacia Tarija. Sucre cortado, Oruro y Potosí cortados. Prácticamente todo está paralizado”, afirmó en declaraciones radiales.
El ex mandatario, que enfrenta una orden de captura por una causa de trata de personas, sostuvo que el operativo desplegado el fin de semana por el Gobierno bajo el argumento de habilitar un “corredor humanitario” fue derrotado por los manifestantes.
Además, denunció la presencia de francotiradores, fuerzas especiales y agentes de inteligencia cerca del lugar donde permanece resguardado, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.
El trasfondo del conflicto
Las protestas comenzaron hace dos semanas con reclamos sindicales vinculados a aumentos salariales y cuestionamientos económicos, pero rápidamente escalaron hacia demandas políticas más amplias, incluyendo el rechazo a un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno y pedidos de renuncia presidencial.
Morales acusó a Rodrigo Paz de impulsar cambios constitucionales y medidas de privatización en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y servicios básicos, además de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que —según denunció— contradice promesas de campaña.
Entre las principales críticas de los movilizados también aparecen cuestionamientos por la calidad del combustible, reformas vinculadas a la propiedad de la tierra, falta de austeridad estatal y supuestos incumplimientos constitucionales.
“Engañó con las promesas y el pueblo se levantó”, resumió Morales sobre el gobierno de Paz.
El Gobierno denuncia un intento de desestabilización
Desde el Ejecutivo, las autoridades aseguran que las protestas buscan romper el orden constitucional y acusan a Morales de ser el “autor intelectual” de una maniobra desestabilizadora.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó como “delincuencial e ilegal” el uso de explosivos durante las manifestaciones y advirtió que las personas involucradas enfrentarán procesos penales.
“Todos tienen derecho a marchar, pero no tienen derecho a cometer delitos”, remarcó el funcionario, quien además sostuvo que las fuerzas de seguridad actuarán bajo parámetros de respeto a los derechos humanos.
En paralelo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos grupos movilizados habrían comenzado a utilizar armas de fuego y advirtió sobre llamados a una “guerra civil” difundidos en redes sociales.
Preocupación internacional por la crisis
La crisis boliviana ya despertó reacciones fuera del país. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, condenó formalmente las protestas y bloqueos impulsados por seguidores de Morales, al considerar que buscan “desestabilizar” al gobierno democráticamente electo de Rodrigo Paz.
Washington expresó además su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, mientras que Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, envió un avión Hércules C-130 para colaborar con el abastecimiento de alimentos en zonas afectadas por los bloqueos.
Mientras tanto, la tensión sigue en aumento en La Paz y el desenlace de las protestas podría resultar decisivo para el futuro político inmediato de Bolivia, en un contexto de fuerte polarización y creciente malestar social.
