El Senado de Brasil aprobó por unanimidad el proyecto de ley PL 896/2023, que considera la misoginia como un delito equivalente al racismo, con 67 votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa, impulsada por la senadora Ana Paula Lobato, define la misoginia como una conducta que manifiesta odio o aversión hacia las mujeres basada en la idea de superioridad masculina. Con esta equiparación, el delito pasa a ser inafianzable e imprescriptible, lo que significa que no admite fianza y no prescribe con el tiempo.
El proyecto ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. La senadora Soraya Thronicke, relatora del texto, destacó que la ley busca enfrentar la violencia de género de manera más efectiva y que no se busca restringir la libertad de expresión, tras el rechazo en el Senado de una enmienda que habría excluido expresiones artísticas, periodísticas o religiosas.
“La Constitución ya garantiza la libertad de expresión; incluir esa cláusula podría debilitar la ley”, afirmó.
La norma distingue distintos tipos de conductas y establece penas según su gravedad. Para casos de discriminación o incitación al odio, la sanción prevista es de 1 a 3 años de prisión más multa.
En tanto, la llamada “injuria misógina”, que implica ofensas a la dignidad o al decoro de una mujer, contempla penas más severas, de 2 a 5 años de cárcel. Además, se introducen modificaciones para diferenciar estos delitos de la violencia doméstica, evitando que una misma conducta sea castigada por vías legales distintas.
Quienes respaldan la iniciativa subrayan la urgencia de una respuesta legal frente a la violencia de género. Thronicke recordó que la misoginia es la base de delitos más graves, como el femicidio, y citó que solo en 2025 se registraron cerca de 7.000 intentos de femicidio en Brasil. También se señaló el crecimiento de discursos de odio en redes sociales, particularmente en comunidades que promueven la superioridad masculina, conocidas como “red pills”.
Sin embargo, el proyecto genera controversia. Legisladores opositores advirtieron que la norma podría afectar la libertad de expresión o ser utilizada con fines políticos, mientras que otros cuestionaron la vaguedad del concepto de misoginia o su inclusión dentro de la Ley del Racismo.
El debate se da en un contexto de alta violencia de género en Brasil. Según el Ministerio de las Mujeres, unas 1.400 mujeres fueron asesinadas en 2022 por su condición de género, y cada día se registran cientos de casos de violencia doméstica. Además, las mujeres representan solo el 17,7% de la Cámara de Diputados, a pesar de constituir más de la mitad del electorado.
Si la Cámara baja aprueba el proyecto sin modificaciones, pasará a la promulgación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En caso de cambios, deberá regresar al Senado para una nueva votación, consolidando así un marco legal más estricto contra la misoginia en Brasil.
