La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir de manera significativa las penas del ex presidente Jair Bolsonaro y de otros condenados por los actos golpistas cometidos tras las elecciones de 2022. La iniciativa obtuvo 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, y ahora deberá ser debatida en el Senado.
El proyecto, presentado por el diputado federal Paulinho da Força, establece que no se acumulen las penas de los dos delitos por los que Bolsonaro fue condenado. Al considerarse figuras penales similares, pasaría a aplicarse únicamente la pena más grave: golpe de Estado, cuya sentencia máxima es de 12 años. Esto eliminaría la suma con la condena por abolición violenta del Estado democrático, penada con hasta ocho años.
Otro punto central de la propuesta es que acelera la progresión al régimen semiabierto: sería posible después de cumplir un sexto de la pena en casos sin violencia, o un cuarto cuando la hubiera.
De acuerdo con el autor del proyecto, Bolsonaro podría acceder al régimen semiabierto en poco más de dos años si la medida se convierte en ley. Su pena actual, calculada en cinco años y 11 meses, bajaría a tres años y tres meses, lo que permitiría su liberación a comienzos de 2029. Da Força incluso afirmó que la reducción podría llegar a dos años y tres meses.
Entre los posibles beneficiarios figuran también altos mandos militares y ex ministros involucrados en la trama golpista.
El debate se desarrolló en medio de un clima tenso en la Cámara, con empujones entre legisladores e intervención del cuerpo de seguridad.
Un diputado de izquierda llegó a sentarse en la silla de la Presidencia como forma de protesta y fue retirado por personal legislativo. Además, se dispuso la expulsión de los medios de comunicación del recinto.
El proyecto se enmarca en el contexto de la condena reciente a Bolsonaro: la Corte Suprema lo sentenció a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia luego de que la defensa del ex mandatario renunciara a presentar nuevas apelaciones. Solo queda pendiente definir su lugar de reclusión.
La propuesta aprobada ahora deberá pasar al Senado, donde continuará su tramitación.
