Cuba atraviesa una nueva fase crítica de su prolongada crisis energética tras advertir a las aerolíneas internacionales que, desde este lunes, el país se quedó sin combustible para aviación.

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra la isla y apunta directamente al suministro de petróleo, uno de los puntos más sensibles para la economía cubana.

La medida autoriza a Washington a aplicar aranceles y sanciones secundarias a cualquier país o empresa que provea crudo o derivados a Cuba, de manera directa o indirecta. En los hechos, esto funciona como un mecanismo de disuasión: proveedores históricos evitan enviar combustibles por temor a represalias comerciales de Estados Unidos.

A esta decisión se sumó, días antes, el corte del suministro proveniente de Venezuela, tradicional aliado energético de La Habana, tras la ofensiva estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

México, que durante 2025 había aportado casi la mitad de las importaciones petroleras cubanas, también redujo drásticamente sus envíos bajo presión de Washington. El resultado fue inmediato: una economía que ya producía solo el 40% de la energía que necesita quedó prácticamente sin margen de maniobra.

El Gobierno de Trump justificó el endurecimiento del bloqueo alegando razones de “seguridad nacional”. En el texto oficial, Estados Unidos acusa a Cuba de alinearse con potencias consideradas adversarias estratégicas, como Rusia, China e Irán, de facilitar infraestructura de inteligencia y de dar respaldo logístico a organizaciones que Washington clasifica como terroristas.

En ese marco, el asedio energético aparece como una herramienta para forzar concesiones políticas o una negociación en términos favorables a la Casa Blanca.

Para Cuba, el impacto va mucho más allá del plano diplomático. La falta de petróleo afecta la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial y ahora también la aviación comercial. La advertencia a las aerolíneas sobre la no disponibilidad de combustible JET A1 expuso la magnitud del colapso: por primera vez en años, todos los aeropuertos internacionales del país quedaron comprometidos al mismo tiempo.

Desde La Habana, el Ejecutivo responsabiliza de manera directa al embargo estadounidense por la crisis, al que define como un “asedio petrolero”. Mientras tanto, la población sufre las consecuencias inmediatas de una pulseada geopolítica en la que Estados Unidos utiliza su peso económico global para aislar a la isla, profundizando una emergencia que combina sanciones externas, fragilidades estructurales internas y una dependencia energética histórica.

La advertencia fue comunicada a través de un Notam (aviso a aviadores) que indica la no disponibilidad de combustible JET A1 en todos los aeropuertos internacionales de la isla. La notificación, con vigencia entre el 10 de febrero y el 11 de marzo, alcanza a las principales terminales aéreas, entre ellas La Habana, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Por el momento, las aerolíneas afectadas no informaron cómo reorganizarán rutas y frecuencias, aunque en crisis anteriores recurrieron a escalas técnicas en países vecinos para reabastecerse.

En paralelo, el Gobierno cubano puso en marcha un plan para “compactar” la actividad turística. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga confirmó el cierre temporal de hoteles en destinos clave como Varadero y los cayos del norte, una medida que golpea a cadenas internacionales y a un sector ya debilitado. El turismo, principal fuente de divisas de la isla, registró en 2025 apenas 1,8 millones de visitantes, su peor marca en más de dos décadas.

Ante el desabastecimiento, el presidente Miguel Díaz-Canel retomó el concepto de la “opción cero”, un esquema de supervivencia extrema que implica racionamientos severos.

El paquete de emergencia incluye la suspensión de la venta de diésel, restricciones al transporte, reducción de jornadas laborales en el sector estatal, recortes de horarios en hospitales y oficinas públicas y la priorización del teletrabajo.

Desde La Habana sostienen que el escenario es consecuencia directa del “asedio petrolero” de Washington. A fines de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, al considerar a la isla una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La medida se sumó al corte de envíos desde Venezuela y a la drástica reducción de abastecimiento desde México, agravando una dependencia energética estructural: Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita.

El impacto social es inmediato. La falta de energía afecta el transporte, la actividad económica y servicios esenciales, profundizando las penurias cotidianas de la población.

Mientras el Gobierno cubano asegura estar abierto a un diálogo con Estados Unidos, la crisis se acelera y expertos advierten que, sin nuevos suministros, la isla podría enfrentar un colapso aún mayor en las próximas semanas.