La campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre y las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre. La decisión pone fin anticipadamente a una legislatura marcada por la dificultad del Gobierno para construir mayorías estables. Pero el detonante inmediato no fue solamente parlamentario. Fue la vivienda.

Durante las últimas semanas, el acceso a una vivienda se transformó en uno de los principales conflictos sociales de España. El problema dejó de ser una cuestión casi exclusivamente económica para convertirse en una disputa política capaz de atravesar generaciones, territorios e ideologías. El precio de los alquileres, la escasez de vivienda accesible, los desahucios y la creciente dificultad de los jóvenes para independizarse comenzaron a ocupar el centro de la conversación pública.

El episodio que precipitó la convocatoria electoral fue el rechazo parlamentario de dos decretos impulsados por el Gobierno para intervenir sobre la crisis habitacional. Las medidas incluían mecanismos de protección para inquilinos, límites a determinadas subidas de alquiler, prórrogas contractuales y restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias. Los decretos fueron rechazados en el Congreso después de que Junts se sumara al voto negativo de PP y Vox.

El fracaso parlamentario tuvo una consecuencia inmediata. Sánchez decidió que el actual Congreso había dejado de ofrecer las condiciones necesarias para sostener su agenda legislativa y trasladó la decisión a los ciudadanos. La paradoja es que la misma cuestión que expuso la fragilidad parlamentaria del Gobierno puede convertirse ahora en uno de los principales ejes de la campaña electoral.

El sábado 3 de octubre, apenas dos días antes del anuncio electoral, decenas de miles de personas participaron en movilizaciones por la vivienda en distintas ciudades españolas. En Madrid, la Delegación del Gobierno calculó unos 70.000 asistentes, mientras que los organizadores ofrecieron una cifra considerablemente superior. Las protestas se extendieron a más de medio centenar de ciudades. El movimiento expresa una transformación más profunda de las expectativas sociales.

Durante décadas, España construyó buena parte de su modelo económico y patrimonial alrededor de la vivienda en propiedad. La generación de los padres podía aspirar, con dificultades pero con cierta normalidad, a comprar una casa. Para una parte importante de los jóvenes actuales, aquella posibilidad aparece mucho más distante. El alquiler absorbe una proporción creciente de los ingresos y comprar exige una capacidad de ahorro que resulta difícil alcanzar.

La cuestión habitacional se cruza además con otros problemas. Los salarios, la precariedad laboral, el turismo, la concentración de población en determinadas ciudades, la escasez de suelo disponible y la limitada oferta de vivienda pública forman parte de una misma ecuación. Por eso la vivienda tiene una particularidad política. No pertenece exclusivamente a la izquierda o a la derecha. Puede convertirse en una demanda transversal, aunque las soluciones propuestas sean radicalmente diferentes.

La movilización adquirió una dimensión todavía mayor cuando UGT y Comisiones Obreras anunciaron su respaldo a una huelga general de 24 horas vinculada a la crisis de vivienda. La fecha todavía no había sido fijada, pero los sindicatos plantearon realizarla antes de las elecciones del 29 de noviembre. Sería la primera huelga general respaldada conjuntamente por ambas organizaciones durante el mandato de Sánchez y desde 2012.

El conflicto comienza así a adquirir una dimensión que excede al mercado inmobiliario. La discusión pasa a ser también cuánto debe ganar un trabajador para poder pagar un alquiler, qué responsabilidad corresponde al Estado, qué papel deben desempeñar las comunidades autónomas y los ayuntamientos y hasta dónde puede llegar la intervención pública sobre el mercado.

El Gobierno sostiene que sus medidas buscan intervenir sobre un mercado distorsionado y proteger el derecho constitucional a una vivienda digna. Los sectores inmobiliarios cuestionan, por el contrario, que una mayor regulación pueda reducir los incentivos para construir y terminar agravando el déficit de oferta. Reuters informó este martes que el Gobierno aprobó nuevamente los dos decretos de vivienda, después de su rechazo parlamentario, mientras los desarrolladores advertían sobre los posibles efectos de la incertidumbre regulatoria sobre la inversión.

La cuestión, más allá de quién obtenga más votos, será cómo esos votos se transformen en escaños y qué alianzas resulten posibles después del 29 de noviembre. Para el PSOE, la cuestión será movilizar a votantes que puedan considerar que una candidatura de izquierda alternativa tiene pocas posibilidades de traducirse en representación suficiente y que, por lo tanto, el voto útil pasa por los socialistas.

Para el Partido Popular, el problema será diferente. La fortaleza electoral de Vox puede aumentar la posibilidad de una mayoría parlamentaria de las derechas, pero también obliga a definir qué relación mantendrán ambas fuerzas. Y para Vox, un resultado elevado significaría consolidar una posición parlamentaria que en 2023 estaba muy lejos de los niveles que muestran actualmente los sondeos.

El sistema electoral español agrega una dificultad adicional. Los 350 diputados se distribuyen por circunscripciones provinciales, de modo que la distribución territorial del voto importa tanto como el porcentaje nacional. La campaña estará atravesada por la disputa entre Sánchez, Feijóo y Abascal, por el futuro de la izquierda y por la relación entre el Partido Popular y Vox, pero detrás de esas alianzas y estrategias aparece una preocupación más concreta. Para una parte creciente de los españoles, especialmente entre los jóvenes, la posibilidad de construir una vida independiente comienza por algo tan elemental como poder pagar una casa.