El ex presidente de Colombia Gustavo Petro quedó bajo investigación de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia de Deicy Jiménez, una ex contratista de 26 años, quien lo acusó de ofrecer contratos públicos a cambio de relaciones sexuales y favores personales, además de pedirle que trasladara drogas.
La joven, quien trabajó en distintas dependencias estatales, hizo públicas sus acusaciones en una entrevista con la revista Semana y presentó conversaciones que habría mantenido con el ex mandatario. En uno de los intercambios, Petro presuntamente le pidió que comprara cocaína y la trasladara en avión hasta Bogotá.
En las últimas horas, Jiménez difundió un video grabado en un ámbito privado en el que aparece junto al ex mandatario, con imágenes en las que ambos se abrazan y se besan. La joven presentó el material como respaldo de sus declaraciones, aunque no se pudo corroborar la fecha de la grabación.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, escribió en Instagram. Además, pidió garantías para su seguridad y la de su familia: “Si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”.
A raíz de la denuncia, la Corte Suprema ordenó inspeccionar la Secretaría General del Senado para obtener documentación sobre los contratos que tuvo Jiménez. La joven también entregó su teléfono celular a la Fiscalía para que sea sometido a peritajes.
Según los registros oficiales, la denunciante prestó servicios en cuatro dependencias estatales desde 2023, entre ellas el Senado y el Ministerio del Interior. En esta última cartera se confirmaron dos contratos por un monto cercano a los 41 millones de pesos colombianos: uno de 11 millones, firmado en agosto de 2025, y otro de 30 millones, en enero de 2026. El ex director de Seguridad y Convivencia, Tito Lorenzo Lovo Carretero, sostuvo que las contrataciones respondieron a necesidades operativas y negó recomendaciones externas.
El caso se conoció en la misma semana en que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, informó sobre una revisión de contratos otorgados a 48 mujeres durante la gestión de Petro. La investigación también contempla presuntas gestiones para trasladar sustancias ilícitas hacia Bogotá.
En paralelo, la defensa de Jiménez tuvo cambios luego de que su abogado, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad ante presuntas amenazas. La letrada Dina Luz Malo Andrade asumió su representación y denunció seguimientos e intimidaciones contra la joven. Además, solicitó la intervención de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección.
La respuesta de Gustavo Petro
Frente a las acusaciones, Petro rechazó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales y anunció que recurrirá a las autoridades para responder a la denuncia.
“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, sostuvo en un extenso comunicado publicado en X.
El ex mandatario también cuestionó la difusión del video y señaló que el material todavía no fue examinado por peritos ni evaluado por un juez. Asimismo, apuntó contra el presidente Abelardo de la Espriella y criticó una ley que, según su interpretación, beneficia a narcotraficantes.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Corte Suprema avanzan con la recolección de pruebas y la revisión de documentación para esclarecer las acusaciones.
