La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó ayer una investigación donde denunció que las fuerzas de seguridad de Colombia fueron responsables de al menos 28 muertes y 16 casos de “violencia sexual” durante las protestas masivas del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque, realizadas entre abril y julio de este año.
En un documento de 63 páginas, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU explicó que existen “razones fundadas” para sostener que en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio las autoridades policiales “habrían cometido violaciones a los derechos humanos”.
Entre ellas, la ONU detalla “el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo” contra los manifestantes.
Durante los meses que duraron las protestas, se vivieron jornadas de violencia en las calles que dejaron un saldo de 46 muertos (44 civiles y dos policías) y 27 personas que aún están desaparecidas, según la ONU. Entre los 44 civiles fallecidos, la investigación sostiene que “en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía”.
Además, hubo “60 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía”, de los cuales 16 ya fueron verificados, completó el organismo, que agregó que en cinco de esos casos la violencia sexual constituiría “tortura” y en otros ocho “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“De acuerdo a la información recopilada y contrastada por la Oficina, existen razones fundadas para sostener que en estos casos integrantes de la policía usaron la violencia sexual para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (…) Muchas de las violaciones registradas se cometieron en el marco de detenciones arbitrarias”, detalla el informe, realizado durante meses de investigación con entrevistas a víctimas, testigos y funcionarios.