El Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó ayer que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.
De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.
“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité.
Lula, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción en el seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, quien durante la investigación aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, de su familia y su abogado, y luego filtró el contenido a la prensa, a la que además informó de una orden de detención contra él para interrogarlo, antes de avisar al propio ex presidente.
