El gobierno de Venezuela decretó ayer el cierre inmediato de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), como represalia por las denuncias realizadas ante la desaparición forzada y encarcelamiento de Rocío San Miguel, relevante figura de la sociedad civil venezolana.
Los funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen de 72 horas para abandonar el país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, anunció ayer el canciller del gobierno bolivariano, Yván Gil.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanente se confabulan contra el país”, añadió el ministro de Exteriores.
El encarcelamiento de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desencadenó una oleada de censuras y críticas. Sobre la activista de derechos humanos, que permanece recluida en la infame prisión del Helicoide, pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
