La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó ayer un informe de 158 páginas, que abarca el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes”, indica el documento, señalando como responsables “al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, en referencia al día de las elecciones, que según el chavismo ganó Maduro, pero que fueron denunciadas por fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
Cabe mencionar que los dos generales que llevaban una década a cargo de los servicios de inteligencia en Venezuela, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, fueron removidos por Maduro.
