El Parlamento Europeo aprobó definitivamente este martes dos textos clave para endurecer la política migratoria de la Unión Europea (UE), impulsados por una alianza entre partidos de derecha y de extrema derecha, en un contexto de giro político del continente hacia posturas cada vez más restrictivas en materia migratoria.
Las nuevas normas permitirán que los Estados miembros devuelvan a solicitantes de asilo a países de los que no son originarios, siempre que la UE los considere “seguros”, informaron RFI y la Agencia Noticias Argentinas. La legislación aún requiere la aprobación formal definitiva de los 27 gobiernos del bloque.
El texto supone un nuevo endurecimiento de la política migratoria europea, que se viene consolidando desde la crisis migratoria de 2015-2016, cuando más de un millón de personas llegaron al continente, principalmente desde Siria.
Uno de los ejes centrales de las normas aprobadas es la creación de una lista común de países considerados “seguros”, lo que en la práctica limita las posibilidades de asilo para sus ciudadanos. La lista incluye a Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez, con el objetivo de acelerar el tratamiento de solicitudes y, eventualmente, agilizar las repatriaciones.
La iniciativa también facilita la externalización de los procedimientos, una idea que ya está siendo impulsada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con la creación de centros para migrantes en Albania, aunque hasta ahora el proyecto enfrentó obstáculos jurídicos. El texto aprobado podría allanar el camino para su implementación.
Además, los eurodiputados acordaron un reglamento común sobre el retorno de migrantes, que establece obligaciones para quienes reciban órdenes de salida. Aquellos que no abandonen voluntariamente el territorio de la UE podrían enfrentarse a sanciones penales por falta de cooperación, y los Estados quedarían habilitados a crear “centros de retorno” fuera del bloque.
Las medidas generaron fuertes críticas de organizaciones humanitarias y fuerzas de izquierda, que advirtieron sobre posibles violaciones de derechos humanos y un debilitamiento del derecho de asilo consagrado en la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe devolver a personas a países donde puedan correr peligro.
“Es un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea”, denunció la eurodiputada ecologista Mélissa Camara, quien sostuvo que la dignidad de los solicitantes de asilo está siendo “pisoteada”.
La Comisión Europea rechazó estas críticas y aseguró que los países receptores deberán respetar los derechos fundamentales de los migrantes enviados.
Desde el sector conservador, la eurodiputada Lena Düpont celebró la aprobación de los textos: “Los ciudadanos esperan que cumplamos nuestras promesas en materia de política migratoria, y es exactamente lo que estamos haciendo”.
Pese a que las llegadas irregulares a la UE cayeron alrededor de un 25% en 2025 respecto del año anterior, la presión política sobre los gobiernos del continente no disminuyó. El endurecimiento de las políticas migratorias se inscribe en el marco del Pacto Europeo de Migración, aprobado en 2023, cuya plena aplicación está prevista para junio de 2026.
El aumento de la retórica antiinmigración y el avance de los partidos nacionalistas de derecha en varios países europeos continúan empujando a los gobiernos hacia estrategias centradas en el control y el retorno de migrantes, marcando un giro cada vez más restrictivo en la política del bloque.
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