La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad en primera votación un proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que podría beneficiar a cientos de personas encarceladas por participar en protestas o expresar críticas a figuras públicas.
El texto, presentado inicialmente por la presidenta interina Delcy Rodríguez, contempla la devolución de bienes, la cancelación de medidas restrictivas y la posibilidad de retorno para quienes se vieron obligados a salir del país. Ahora deberá superar una segunda discusión parlamentaria y una consulta pública, pasos requeridos por la Constitución antes de su promulgación definitiva.
“El proyecto de ley no es un listado de nombres porque esos listados siempre son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, con los familiares de las personas privadas de libertad, con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, afirmó Rodríguez ante los diputados. Y añadió: “No tenemos mucho tiempo. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de asumir”.
El proyecto, de al menos una veintena de artículos, reconoce que personas de distintas afiliaciones políticas, e incluso ciudadanos sin militancia, han sido sometidos a procesos penales por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos o por manifestaciones políticas.
La amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas desde 1999 hasta 2026, incluyendo movilizaciones como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Las exclusiones de la ley contemplan delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción y narcotráfico, así como actos que hayan causado muerte o lesiones graves. También podría beneficiar a algunos jueces, fiscales y funcionarios, según su actuación durante procesos vinculados a protestas.
La sesión parlamentaria se desarrolló sin los habituales enfrentamientos verbales entre oficialistas y opositores. La oposición dio la bienvenida al proyecto, solicitando la liberación de los denominados presos políticos, y algunos legisladores de partidos moderados expresaron que la ley representa una oportunidad para la reconciliación nacional.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la presidenta encargada han destacado que la medida se inscribe en un contexto de transformación política y económica, con la economía mostrando signos de estabilización y la liberación paulatina de fondos controlados por Estados Unidos hacia el Banco Central de Venezuela.
Hasta comienzos de febrero, las autoridades informaron que más de 600 personas fueron liberadas gradualmente, aunque organizaciones como Foro Penal verificaron 383 excarcelaciones y reportan cerca de 700 personas aún privadas de libertad. Las personas liberadas permanecen sujetas a restricciones en su participación política y derecho a la expresión.
Rodríguez destacó la importancia de un proceso de consulta profundo y participativo: “No tengamos temor de hablar con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”, sostuvo.
La ley, que aún debe pasar por segunda votación parlamentaria y consulta ciudadana, buscará convertirse en un instrumento para la convivencia y reconciliación, según aseguraron funcionarios oficialistas. Sectores de la sociedad civil y ONG como Foro Penal han solicitado que se divulgue el texto íntegro y advierten que la efectividad de la medida dependerá del respaldo ciudadano y de la transparencia en su aplicación.
