La mañana de este martes estuvo marcada por una decisión judicial de alto impacto en Colombia: el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado en primera instancia el pasado 1 de agosto por los delitos de soborno y fraude procesal.
Con esta resolución, el Tribunal confirmó la inocencia de Uribe en todos los delitos que pesaban en su contra.
De acuerdo con la sentencia en segunda instancia, leída por el magistrado Manuel Merchán, el material probatorio no es suficiente para demostrar que el ex mandatario fue determinador de los sobornos a testigos en cárceles colombianas hechas por su abogado, Diego Cadena.
Además, consideró ilegales las interceptaciones de las conversaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, reveladas por la Fiscalía durante el juicio, y ordenó excluirlas como prueba al considerar que fueron ilícitas y excedieron los fines legales establecidos.
“Hubo vulneración al derecho a la intimidad”, aseguró el magistrado durante la lectura a la que asistió virtualmente Uribe, líder del partido Centro Democrático (derecha) junto con su abogado y las víctimas acreditadas en el caso.
“La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”, explicó Merchán.
Ante esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó en su cuenta de X la decisión del Tribunal y aseguró que “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y la historia de los políticos que, según él, han llegado al poder en Colombia en alianza con el narcotráfico.
“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, señaló.
“Ahora (Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, agregó.
Ante este contexto, el mandatario colombiano convocó a los ciudadanos para recolectar firmas “del poder constituyente” el próximo viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
La condena a Uribe en primera instancia fue tomada por la jueza Sandra Heredia, quien además inhabilitó a Uribe para ocupar cargos públicos durante 100 meses y 20 días e impuso una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos 3.400 millones de pesos colombianos).
Aunque Heredia había ordenado su detención inmediata y la prisión domiciliaria hasta que se definiera la segunda instancia del fallo condenatorio, 18 días después el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa orden y Uribe fue dejado en libertad.
El caso de Uribe Vélez se remite a 2012, cuando el senador Iván Cepeda (izquierda) presentó un debate en el Congreso que incluyó testimonios de ex paramilitares que señalaron a Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de fundar y liderar el Bloque Metro, un frente paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
