El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró que en el país «no volverá a haber elecciones», cerrando de hecho cualquier posibilidad de alternancia democrática y profundizando la crisis política que atraviesa la nación centroamericana.
En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio afirmó que «la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria». Además, remarcó que «el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas».
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular», y llamó a la comunidad internacional a unir esfuerzos para demostrar que el régimen no puede mantener relaciones normales con otras naciones mientras continúa socavando los principios democráticos del hemisferio.
Las declaraciones de Rubio llegaron luego de que Ortega afirmara, durante los actos por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, que «aquí no volverá a haber elecciones» y, al ser consultado sobre futuros comicios, insistiera: «Jamás, jamás, jamás». El mandatario sostuvo que no permitirá que la oposición vuelva a disputar el poder a través de las urnas.
Las declaraciones representan un nuevo endurecimiento del régimen, que gobierna Nicaragua desde 2007 tras el regreso de Ortega al poder y que previamente había encabezado el país durante la década de 1980.
La decisión se produce después de una profunda reforma constitucional impulsada por el oficialismo, mediante la cual el mandato presidencial fue ampliado de cinco a seis años, postergando las elecciones generales previstas inicialmente para 2026 hasta noviembre de 2027. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ortega ponen en duda incluso la realización de esos comicios.
Desde su retorno a la presidencia, Ortega reformó la Constitución y consolidó el control sobre los poderes del Estado, mientras que en las elecciones de 2021 fue reelegido tras el encarcelamiento de todos los principales candidatos opositores, en unos comicios que fueron ampliamente cuestionados por la comunidad internacional y que Estados Unidos no reconoce como legítimos.
Organizaciones de derechos humanos y analistas consideran que el anuncio consolida un modelo de partido único y elimina cualquier posibilidad de competencia política. El ex precandidato presidencial exiliado Juan Sebastián Chamorro comparó el rumbo del país con los sistemas de China y Cuba, mientras que especialistas en derechos humanos sostienen que la dictadura busca eliminar definitivamente la vía electoral como mecanismo de cambio político.
La situación interna continúa marcada por la represión. Según organizaciones independientes, al menos 46 personas permanecen encarceladas por razones políticas, mientras que desde 2018 más de 5.000 organizaciones civiles fueron clausuradas. También se registraron cierres de entidades religiosas, la revocación de licencias a numerosos abogados y el exilio de miles de nicaragüenses.
Aunque en los últimos años el gobierno liberó a algunos presos políticos con destino a Estados Unidos y Guatemala, los excarcelados denunciaron haber sufrido torturas, además de la pérdida de su nacionalidad. El régimen, por su parte, continúa negando la existencia de presos políticos en el país.
