Perú ya tiene definido el escenario para la segunda vuelta presidencial. El candidato de izquierda Roberto Sánchez, representante de la coalición Juntos por el Perú, enfrentará a la derechista Keiko Fujimori en una elección decisiva marcada por la polarización política, las denuncias de fraude y la crisis institucional que atraviesa el país.
Los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que Sánchez logró una ventaja mínima, pero irreversible sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en Perú.
Con el 99,94% de las actas procesadas, Sánchez obtuvo el 12% de los votos, frente al 11,9% alcanzado por López Aliaga. La diferencia final entre ambos fue de apenas 18.799 sufragios.
Mientras tanto, Fujimori llegó a la segunda vuelta tras consolidarse como la candidata más votada en la primera ronda electoral, con algo más del 17% de los apoyos.
El lento avance del escrutinio estuvo acompañado por impugnaciones de actas y denuncias de supuesto fraude impulsadas por el partido de López Aliaga, aunque especialistas electorales descartaron cualquier posibilidad de revertir el resultado.
El politólogo Fernando Tuesta aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones ya no tiene margen para modificar la tendencia de los dos candidatos clasificados.
“Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Sánchez tras confirmarse su ingreso al balotaje del próximo 7 de junio.
La elección se desarrollará en un contexto de fuerte inestabilidad política. Desde 2016, Perú tuvo ocho presidentes, además de una creciente crisis económica, institucional y de seguridad que deterioró la confianza pública en el sistema político.
Para Fujimori, de 51 años, será su cuarto intento de llegar a la presidencia, luego de haber perdido en 2021 frente a Pedro Castillo por un margen muy estrecho.
Sánchez, de 57 años y ex ministro durante el gobierno de Castillo, iniciará la campaña rumbo a la segunda vuelta bajo presión judicial. La fiscalía peruana solicitó para él cinco años y cuatro meses de prisión en una causa vinculada al presunto falseamiento de información sobre aportes electorales entre 2018 y 2020.
Según la acusación, la investigación detectó más de US$57.000 en ingresos no declarados relacionados con actividades partidarias de Juntos por el Perú.
El candidato rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de un intento de “desacreditarlo políticamente”. “Jamás existió fraude”, afirmó a través de sus redes sociales.
El Poder Judicial fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia clave para definir si la causa avanza hacia un juicio oral o queda archivada, en plena campaña electoral.
La segunda vuelta del 7 de junio aparece como una elección crucial para un país que busca recuperar estabilidad institucional después de casi una década marcada por crisis políticas permanentes, enfrentamientos entre poderes y cambios constantes de gobierno.
