El candidato de izquierda Roberto Sánchez denunció este martes la existencia de “un fraude en desarrollo” en la segunda vuelta presidencial de Perú y anticipó que no reconocerá como presidenta a Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no hace lugar a su reclamo para anular la votación emitida en el exterior.
La denuncia se produce en un escenario de extrema paridad en el balotaje celebrado el 31 de mayo, en el que la candidata de derecha mantiene una ventaja mínima sobre Sánchez. Con el 99,71% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,11% de los votos válidos, frente al 49,88% del postulante de Juntos por el Perú, una diferencia de algo más de 40.000 votos.
Sin embargo, Sánchez sostiene que el resultado cambiaría si se excluyeran los votos emitidos fuera del país. Según su planteo, si se anula la votación en el exterior, los porcentajes se invertirían y él pasaría a imponerse con el 50,11% de los sufragios válidos, con una ventaja cercana a los 40.800 votos sobre la líder de Fuerza Popular.
En una conferencia de prensa, el dirigente de izquierda confirmó la presentación de un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones para dejar sin efecto el voto en el extranjero. Según explicó, la votación fuera del país estuvo afectada por una decisión de la Cancillería que, a su entender, vulneró la normativa electoral y rompió la cadena de custodia de las actas.
El eje de la denuncia apunta a que, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados fueron exonerados de remitir digitalmente los resultados y, en cambio, se dispuso que las actas fueran trasladadas físicamente hasta Lima para su escrutinio. Sánchez afirmó que ese cambio alteró de manera grave las condiciones del proceso y abrió la puerta a una eventual manipulación de los votos en favor de Fujimori.
“En esa afectación ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”, sostuvo el candidato. Y agregó que esa “irregularidad grave” configura “un fraude en desarrollo”, ya que, según su interpretación, se sigue contabilizando una votación cuya trazabilidad y seguridad habrían quedado comprometidas.
Sánchez fue más allá y advirtió que, si el JNE no frena el conteo de esos votos y no resuelve el caso en función de la “seguridad jurídica”, “ese fraude se habrá consumado”. En ese escenario, anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori y llamó a sus seguidores a movilizarse “para defender la democracia”.
“En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución”, afirmó.
Consultado sobre las pruebas de la supuesta maniobra, Sánchez aseguró que la sola modificación del procedimiento de traslado y escrutinio de las actas constituye una evidencia suficiente. “Es la prueba evidente y fáctica, no necesita otras demostraciones; ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral”, sostuvo.
La ofensiva judicial del candidato izquierdista no se limita al recurso ante el tribunal electoral. Sus representantes legales también presentaron una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja ante el Congreso por presuntos delitos de fraude electoral y omisión de actos funcionales. Desde el entorno de Sánchez sostienen que la Cancillería desmanteló de manera “arbitraria e injustificada” el sistema logístico y de custodia de los sufragios en el exterior, en particular mediante el uso de valijas diplomáticas que, según afirman, no habrían cumplido con estándares de seguridad.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. Pareja rechazó de plano las acusaciones y negó cualquier tipo de interferencia, manipulación o fraude electoral. Según explicó, su ministerio se limitó a cumplir funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales, sin intervenir en la calificación de actas ni en el cómputo de los votos.
El canciller subrayó además que ni las misiones de observación internacional ni los organismos electorales locales detectaron irregularidades en la votación realizada en el exterior. También recordó que la disposición sobre el traslado físico de las actas había sido informada con anterioridad a la elección y que, hasta ahora, no existían objeciones formales por parte del espacio de Sánchez.
La tensión crece en un contexto en el que la definición de la presidencia peruana sigue abierta y depende de la revisión de actas observadas, impugnaciones y de la resolución que adopte el Jurado Nacional de Elecciones sobre la validez de los votos cuestionados.
