Las bandas dedicadas al narcotráfico en Ecuador generaron ganancias de más de 120 millones de dólares al año con las operaciones ordenadas desde las cárceles, revela el decreto ejecutivo por el cual el presidente Daniel Noboa las declaró «terroristas» y en consecuencia blanco de una inédita ofensiva militar y policial.
Según esa orden ejecutiva, con la que se determinó la existencia de un conflicto armado interno, en Ecuador operarían al menos 22 bandas criminales que debido a la violencia con la que actúan y sus objetivos han dejado de ser crimen organizado para convertirse en «terrorismo», consignó el diario local Primicias.
En la lista aparecen bandas que en los últimos años tomaron relevancia, como Lobos, Choneros, Tiguerones y Latin Kings, pero también aparece un grupo de organizaciones criminales que son nuevas en el mapa ecuatoriano del crimen.
Para la declaración de «conflicto armado interno», el Presidente contó con un informe de la Policía Nacional que señala que «entre 2014 y 2023 se ha evidenciado una consolidación del crimen organizado y ese fenómeno es el detonante para la actual crisis de seguridad», añade el reporte.
Según este documento, actualmente las bandas se dividen en tres subgrupos: Los aliados de los Choneros que trabajan para el cartel de Sinaloa; los grupos cercanos a los Lobos, que operan para el cartel Jalisco Nueva Generación (ambos mexicanos), y un núcleo de bandas independientes que trabajan por su cuenta y tienen territorios más pequeños.
Según el reporte policial, la primera aparición de una banda criminal en Ecuador data de 1985. Se trata de los Queseros, una organización que se dedicaba a los robos en rutas y operaba desde Santo Domingo hacia toda la costa.
A finales de los años 90 e inicios de los 2000, aparecieron los Choneros, bajo el liderazgo de Jorge Véliz España, conocido como «Teniente España» o como «El Chonero», ya que nació en el cantón manabita de Chone.
La disputa criminal se tornó sangrienta cuando en 2005 los Queseros asesinaron a la esposa del «Teniente España», pero, la batalla la ganaron los Choneros y sus rivales fueron exterminados con la modalidad del sicariato. También Veliz España fue asesinado.
Por varios años, los Choneros se consolidaron como la banda criminal más poderosa del país bajo el mando de Jorge Luis Zambrano, alias «Rasquiña». Zambrano y otros cabecillas de la organización -como José Adolfo Macías Salazar, alias «Fito»- fueron detenidos en 2011.
A los dos años escaparon de la cárcel de La Roca, en Guayaquil, pero casi de inmediato la Policía los recapturó.
Con sus cabecillas en prisión, la banda, según la fundación InsightCrime, dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, evolucionó hacia la categoría de «banda carcelaria».
Desde las prisiones, los Choneros controlaban el mundo criminal y fueron creando un entramado de bandas más pequeñas, que operaban como sus brazos armados. En 2020 «Rasquiña» recuperó la libertad pero fue asesinado en Manta, por lo que «Fito», que desencadenó la presente crisis al fugar el domingo de una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, asumió el liderazgo del grupo.
Los líderes de las pequeñas bandas que trabajaban para Choneros comenzaron a mostrar interés en tener su negocio propio, como el caso de los Lobos, que se enfrentaron con sus antiguos aliados en una escalada de violencia que dejó miles de muertos y generó terror en la población civil de varias zonas del país.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, una iniciativa creada por la Pan American Development Foundation (PADF), consignó que el punto central de esta crisis de seguridad en Ecuador es el modo en el que el narcotráfico ha evolucionado a nivel regional, continua el informe de Primicias.
Hasta 2010, en Ecuador convivían grupos delictivos de tipo pandilla, que no tenían una participación activa en el crimen transnacional, pero mientras el flujo de cocaína se fue incrementando en el océano Pacífico, las organizaciones internacionales y las bandas locales empezaron a generar alianzas que naufragaron a fines de 2019.
Las bandas locales buscaron más espacio en el negocio del narcotráfico y otras economías criminales como el lavado de activos y el tráfico de armas. Por esta razón, y con el apoyo -principalmente- de los cárteles mexicanos, empezaron una guerra plena de violencia.
Esta guerra se libró inicialmente en las cárceles del país, en las que desde 2021 ha habido cerca de medio millar de presos asesinados.
Pero en el último año la violencia también se ha volcado a las calles y ha afectado a la población civil, que fue víctima de atentados terroristas, concluyó el informe periodístico.
