Golpe en Myanmar: los perdedores de siempre

Mondo Cane | Por Gonzalo Fiore

En Myanmar, tras 50 años de gobiernos militares dictatoriales o autocráticos, llegó a haber una democracia más o menos tradicional apenas 10 años. Una década después de haberle entregado el poder a un gobierno conformado por civiles, las Fuerzas Armadas volvieron a ingresar al Parlamento y a la casa de gobierno para hacerse cargo nuevamente del ejecutivo.

Aun Sang Suu Kyi llegó al poder el 30 de marzo de 2016 tras haber ganado las elecciones más transparentes del país en los últimos 25 años. Su partido es la Liga Nacional por la Democracia (LND), fundado en 1988 por ella misma. Suu Kyi había sido galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991 y con distintos premios otorgados por los gobiernos de Estados Unidos, India, Venezuela, Pakistán y Canadá por su labor humanitaria, en favor de los derechos humanos y contra la dictadura en su país. La ya ex presidenta es una figura controvertida, acusada de fraude en las últimas elecciones, pero también de genocidio y graves violaciones a los derechos humanos.

Todos sus galardones se vieron empañados durante su gobierno debido a la situación de los rohinyás en la provincia de Rakáin, al noroeste del país. Se trata de una minoría musulmana en un país de mayoría budista. Los hechos fueron calificados tanto por distintos gobiernos como por organismos internacionales, incluido Naciones Unidas, como “genocidio” y “limpieza étnica”. La policía birmana, budista, junto a grupos civiles de esta religión, atacaron sistemáticamente a los rohinyás con un saldo que supera los 725.000 desplazados y 25.000 muertos. Se llevaron adelante asesinatos masivos de hombres, mujeres y niños, quemas de viviendas y tierras cultivables, violaciones a mujeres, entre otros hechos aberrantes. Para huir del genocidio, 700.000 rohinyás se trasladaron a la vecina Bangladesh, con quien comparten lengua, cultura y religión, pero donde tampoco son reconocidos como ciudadanos.

Actualmente, de los más de dos millones de rohinyás birmanos, el 90% se encuentra fuera del país. La persecución contra esta etnia se remonta a la década de los 70. No obstante, a Suu Kyi se la acusa de no haber hecho nada para frenar esta situación, que durante su gobierno se intensificó. En 2017, los hechos fueron comparados con el genocidio camboyano perpetrado por el Khemer Rojo, e incluso con el Holocausto. Suu Kyi negó rotundamente las acusaciones de limpieza étnica, asegurando que “también murieron budistas” en los supuestos enfrentamientos con el ejército; pero no hay dudas respecto del carácter genocida de las operaciones militares contra esta minoría étnica. Ahora, la ONU expresó su preocupación respecto de que el golpe militar de los últimos días empeore la situación de los rohinyás.

El papa Francisco llegó a declarar en 2017 que los rohinyás “van de un sito a otro porque no los quieren. Son buenos. No son cristianos. Son gente pacífica. Son nuestros hermanos y hermanas y desde hace años sufren, son torturados, asesinados, simplemente por su fe musulmana”. Cuando tres meses después viajó a Myanmar no mencionó la situación en público, lo que fue muy criticado. No obstante, hizo llamamientos a la paz y se reunió con refugiados en Bangladesh. Allí dijo que “la presencia de Dios hoy se llama rohinyá”. En diciembre de 2020 comenzó el traslado de los rohinyás a una isla en Bangladesh, donde el gobierno de ese país se comprometió a acogerlos debido a la falta de seguridades que tienen en caso de regresar a Myanmar.

Los militares birmanos acusan a Suu Kyi, que se encuentra detenida, de haber cometido fraude en las elecciones del año pasado. Quien se hizo cargo del país es Aung Hlian, jefe de las Fuerzas Armadas, considerado el arquitecto del genocidio contra los rohinyás. El ejército justificó el Golpe en base a la actual Constitución, redactada en 2008 por los militares antes de convocar a elecciones. Allí, la Carta Magna las autoriza a tomar el poder en caso de que exista un peligro grave para la unidad del país. De acuerdo a los militares, ese peligro son los resultados de las últimas elecciones, donde el LND obtuvo el 83% de los escaños del Parlamento mientras que el partido de los militares apenas llegó al 33%. Esto afectó de manera considerable el frágil equilibrio de poder entre las fuerzas civiles y las militares, que nunca perdieron la influencia en la vida política del país.

El objetivo de Suu Kyi en su próximo gobierno era reformar la Constitución e iniciar un proceso de paz con las guerrillas operantes en el país. Esto iba en contra de los intereses militares que, por ley, tienen asegurado un 25% de los escaños en el Parlamento. El golpe fue condenado por la mayoría de los países occidentales, incluyendo los EEUU y la Unión Europea. Se exige la puesta en libertad de los lideres civiles y el respeto al proceso democrático del año pasado. Sus vecinos asiáticos prefieren un tono más conciliador: China solo pidió que las partes resuelvan el conflicto “bajo el manto de la Constitución”.

Myanmar es un país extremadamente complejo, con numerosas y profundas divisiones étnicas, religiosas y políticas. La situación que se abre a partir de ahora es tan incierta como impredecible. Pero si de algo hay certidumbre es que, en medio de las luchas intestinas, las minorías étnicas como los rohinyás se seguirán llevando la peor parte.

 
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