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Coparticipación, laberinto imposible

Por José Emilio Ortega

Opinión Por Opinión
9 de septiembre de 2024
Coparticipación, laberinto imposible

La coparticipación federal de impuestos es el mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias. Se remonta a 1934. Atiende a la armonización de los tributos para fondear los servicios en cada nivel jurisdiccional, propiciando solidaridad (mitigando diferencias de recaudación) y aportando a la estabilidad macroeconómica y política.

A partir de la primera ley convenio, Nación y Provincias centralizaron la recaudación tributaria en aquélla, en dos fases: primaria (entre los dos grandes ámbitos jurisdiccionales) y secundaria (provincias y CABA en particular). Con el tiempo, hubo diferentes regímenes. Con la ley 23.548 en 1988 (tras tres años sin marco jurídico, época de Alfonsín), se estableció el marco vigente (que debería ser reemplazado por una ley convenio, como se definió en la reforma constitucional de 1994). Surgieron posteriores modificaciones que alteraron la distribución. En los 90, el Pacto Fiscal I de 1992 (gestión Menem-Cavallo), estableció detracciones de recursos coparticipables para financiar el sistema previsional. Algunas provincias transfirieron sus cajas jubilatorias entonces, mientras otras (Córdoba) se quedaron sin los recursos y con los jubilados (los más caros del país, hoy una pesada mochila).

Se fueron sucediendo “parches” fiscalistas o previsionales. La tensión entre partes negociantes no aminoró y la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió conflictos sobre la constitucionalidad y distribución de recursos, coparticipables o no coparticipables. En precedentes como “Córdoba”, “San Luis” o “Santa Fe”, sentó criterios sobre la detracción del 15% en provincias que no habían transferido sus cajas de jubilaciones y que habían denunciado el Pacto Fiscal I. Además, exhortó al Estado Nacional a cumplir su rol institucional, en tanto coordinador del sistema federal de concertación, para elaborar e implementar la coparticipación.

En “Provincia de Buenos Aires”, la Corte abrió a la consideración de otras provincias el reclamo de recursos a partir del congelamiento del Fondo de Reparación Histórica establecido por Menem en los 90 (habiendo perdido dicha provincia importante porcentual de distribución secundaria al dictarse la ley 23.548). Aquel congelamiento, no obstante, tuvo en estos años compensaciones extraordinarias (transferencias Nación-Provincia por fuera de la coparticipación). Volviendo a la Corte, en la sentencia “CABA”, tras la duplicación de coparticipación dispuesta para dicha jurisdicción por Macri y su reducción en la gestión Fernández, el Máximo Tribunal dispuso, en una cautelar, mantener un porcentual intermedio, hasta tanto las partes negocien, proceso en ciernes (CABA reclama presuntas deudas y Nación dice estar al día).

La Comisión Federal de Impuestos fiscaliza técnicamente el régimen, asesorando al Congreso en todo proyecto tributario y dictando normas interpretativas, sin incidencia sobre el fondo.

Desafíos de la Coparticipación

El principal reto es equilibrar provincias «aportantes» (más ricas) y «receptoras» (menos desarrolladas). Sin criterios objetivos concertados para la distribución las disputas van “in crescendo”. Hay un doble reclamo: el diferente abordaje fiscal de las ventajas que generan excedentes (las hidrocarburíferas reciben compensaciones que las cerealeras no poseen), resultando poco tolerable para las jurisdicciones autosuficientes, el desvío de sus recursos a provincias no sustentables. La compleja interrelación entre los impuestos nacionales y provinciales añade confusión en términos de transparencia y equidad.

Entre los coparticipables, aparecen impuestos controvertidos (que todas las gestiones prometen revisar), como Ganancias (la ínfima brecha entre asalariados en línea de pobreza y sujetos gravados es absurda), Valor Agregado (muy elevado); también tributos “internos” sobre productos específicos, transferencias de inmuebles, débitos y créditos bancarios, combustibles, bienes personales, altamente incidentes en el tráfico económico. Entre los no coparticipables, las famosas y exageradas retenciones por exportaciones.

Juan Bautista Alberdi, en diferentes obras, se refirió al rol de los impuestos en la consolidación del Estado argentino. Defendía una política que favoreciera el desarrollo económico, limitando el uso de impuestos directos y promoviendo los indirectos, como los derechos de aduana, que no afectarían de manera inmediata al ciudadano común. Consideraba que la carga tributaria debía ser moderada para estimular el crecimiento y evitar la intervención excesiva del Estado en la economía.

Nada de esto ocurrió en la experiencia real. Una economía estadocéntrica, centralizada, con altísima presión tributaria, llevó al sistemático empobrecimiento social, a la errática situación de nuestra moneda (expresión de soberanía estatal por excelencia) y no contribuyó a la reducción del endeudamiento. En poco menos de 60 años, la deuda pública argentina pasó de entre el 10/15% del PBI al 90%, y la moneda cambió de denominación cinco veces, reduciendo trece ceros en total, la última vez en 1991 con la convertibilidad. En aquél tiempo un peso equivalía a un dólar. Ocho gestiones presidenciales después, los valores rondan los 1300 a 1. La inflación del período fue recientemente calculada en 149.900%.

Durante la campaña presidencial de 2023, La Libertad Avanza promovió -como Cambiemos en 2015-, una reducción de la carga impositiva, argumentando -incluso refiriendo a Alberdi- que los altos impuestos obstaculizan el crecimiento económico y fomentan la evasión fiscal. Las propuestas libertarias incluían: Eliminación de impuestos distorsivos; simplificación del sistema tributario; reforma económica y monetaria sustancial; dolarización de la economía; y la eliminación del impuesto inflacionario, limitando la emisión de pesos.

Tras estos meses de gobierno libertario, los anuncios del equipo económico (liderado por el Presidente), las voces de sus espadas legislativas, o los proyectos presentados en el Congreso, están muy lejos de ese norte.

Y cuando repasamos los títulos de prensa, las preocupaciones de los dirigentes, los intereses de los legisladores, la chance de debatir estos temas parece remota.

Mientras tanto, seguiremos inmersos en el laberinto imposible, el deterioro constante, la frustración permanente.

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