Las fisuras internas en la Corte Suprema están al rojo vivo en las primeras semanas de este nuevo año. Ni siquiera la tradicional feria judicial de enero ha logrado apaciguar los ánimos. Y tampoco el hecho que el oficialismo no cuente con los votos necesarios para avanzar en Diputados con su proyecto de juicio político (que involucra a todos los integrantes del Máximo Tribunal y no sólo a su presidente Horacio Rosatti, como se había pergeñado en un primer momento).
Ciertamente, las disputas y enfrentamientos entre los cortesanos son la larga data. Comenzaron en 2016, cuando su actual titular ingresó a la Corte de la mano de Mauricio Macri, y se agravaron al asumir aquel la presidencia en 2021. En aquellos tiempos, Ricardo Lorenzetti acusó a Rosatti de “autovotarse” y de asumir el cargo aprovechando su ausencia (ya que el jurista santafesino se encontraba de viaje en el exterior), a través de un “acuerdo irregular”, lleno de “vicios” y además “poco ético”. Es difícil de comprender, pero este es el nivel de grieta que exhiben hoy los miembros del más Alto Tribunal de Justicia de la Nación.
Y ahora no será Lorenzetti el que interceda para ayudar a Rosatti, quien se encuentra envuelto en el escándalo que estalló a partir de los “chats” que trascendieron entre su mano derecha, Silvio Robles, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, en estos días en uso de una forzada e inesperada licencia. Como se sabe, el vocero personal de Horacio Rosatti está directamente implicado en las conversaciones filtradas, en las que aparece asesorando a miembros de Juntos por el Cambio que mantienen controversias judiciales con el Frente de Todos. Todo un ejemplo de lo que jamás debe hacer un funcionario judicial, que ante todo debe preservar su independencia e imparcialidad; una pintura que demuestra cuál es el paisaje imperante en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano.
A su vez María Bourdín, una de las personas de máxima confianza de Lorenzetti, dejó en claro públicamente en Twiter que el actual titular de la Corte no recibirá ningún tipo de apoyo de su colega.
En los pasillos no hay buenos semblantes. Por eso la feria de este año no será una feria más: donde reinaba el sosiego y la complacencia ahora dominan las tensiones y el nerviosismo. Es que los escándalos se suceden uno tras otro, a la velocidad de un rayo. Primero fueron los jueces y fiscales que participaron del viaje a Lago Escondido, y ahora es uno de los voceros de Rosatti el que colocó a la Justicia en la mira de la sociedad.
A los altos magistrados no les molesta tanto lo que digan los medios sobre ellos, y mucho menos la opinión de la ciudadanía, de la que siempre se mantuvieron distantes, pero les afecta sobremanera el hecho de comenzar a ser señalados por la propia familia judicial. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en estos días.
Por su parte, quien fuera titular de la Corte durante 12 años hace gala de ser el único ministro que no acompañó con su voto la decisión de poner en funcionamiento la nueva composición del Consejo de la Magistratura. Esta cuestión, vinculada con el avance sobre el Consejo, fue uno de los motivos por los que el Gobierno presentó el reciente pedido de juicio político. Desde la Casa Rosada le achacan al rafaelino Lorenzetti el haber avalado con su firma el fallo favorable a la ciudad de Buenos Aires en la discusión por los fondos coparticipables. Esta habría sido la gota que rebasó el vaso de la paciencia, y el oficialismo decidió finalmente impulsar el juicio político contra todos los cortesanos, incluido el siempre influyente Lorenzetti. Ahora bien, éste debe enfrentar un problema que no tienen los demás ministros, y es el juicio político que antes le pidió la Coalición Cívica. El enfrentamiento entre Lorenzetti y Carrió es público y notorio desde hace años; y debe tenerse en cuenta que el cívico Juan López es el actual vicepresidente de la Comisión que empezará a investigar la conducta de los miembros del máximo tribunal.
Desde el sector que lidera Elisa Carrió ya avisaron que no se prestarán al “show” del oficialismo, pero siguen dispuestos a avanzar contra Lorenzetti, a quien acusan de haber cometido “graves irregularidades administrativas y presupuestarias” durante su presidencia.
En las últimas horas un dirigente peronista hizo circular un archivo PDF de cinco páginas, en donde se detallan 14 incumplimientos en los que habría incurrido Rosatti. Está claro que al Gobierno le sería más factible avanzar contra el titular de la Corte que contra todos sus integrantes; la presente no parece ser la estrategia más inteligente, hay muy pocos antecedentes en nuestro país de un juicio político contra todos los supremos. Esta situación solamente se dio en 1947, durante la primera presidencia de Juan Perón.
El dato que tranquiliza por igual a todos los cortesanos tiene relación con los números en el recinto, que hoy les juegan a favor, por cuanto desde Juntos por el Cambio ya confirmaron que no acompañarán esta iniciativa. Sin embargo, los dictámenes de la Comisión de Juicio Político tienen tres años de vigencia, y posiblemente se logre un dictamen acusatorio, porque el oficialismo tiene allí los votos necesarios para ello. ¿Quién está en condiciones de afirmar lo que podría llegar a ocurrir en los próximos tres años?
Abogado y docente universitario
