La consigna de la clase es simple: cuatro grupos deben exponer y analizar un fallo. A medida que avanzan las presentaciones, empieza a aparecer una constante. Todos hablan de la dignidad humana. Al final, casi por inercia, hago la pregunta lógica: ¿qué es la dignidad? Las respuestas son tan seguras como variadas. Para algunos es libertad; para otros, igualdad. Hay quienes la asocian con el derecho natural y quienes la vinculan con el respeto o la no discriminación. Una fórmula polisémica, casi a la carta. Nadie dice exactamente lo mismo.
Kant veía un escándalo en no poder probar la existencia de una realidad externa. Dos siglos después, el escándalo es otro: invocamos la dignidad a cada paso, pero no sabemos bien qué significa ni qué obligaciones concretas impone.
La palabra aparece en todos lados: constituciones, tratados internacionales, declaraciones. Funciona como fundamento y base del derecho, aunque su contenido resulte difícil de precisar.
Mientras tanto, en la práctica, se la vulnera de manera constante. El derecho internacional la consagra, pero convive sin demasiado escándalo con su incumplimiento sistemático. El conflicto entre Estados Unidos e Irán lo muestra con claridad. En medio de negociaciones fallidas, amenazas de bombardeos, bloqueos navales y una escalada militar que ya impacta en la economía global, la dignidad aparece como un elemento secundario. Las discusiones giran en torno a sanciones, petróleo o el control del estrecho de Ormuz. La vida concreta de las personas queda absorbida por esa lógica estratégica.
Ahí es donde la vieja idea de Kant empieza a crujir. Para él, el ser humano no tiene precio. No puede ser usado como medio, sino que debe ser siempre un fin en sí mismo. Es una afirmación pensada para poner límites y bastante exigente, en realidad.
Porque si cada persona fuera realmente un fin absoluto e intocable, muchas decisiones colectivas serían imposibles. Las sociedades priorizan y distribuyen recursos. Y en ese proceso, inevitablemente, alguien queda relegado, y eso resulta en algo que no es una sorpresa para nadie.
Más cerca, la cuestión tampoco es ajena. El ajuste de Milei, particularmente en áreas sensibles como el PAMI, reabrió una discusión incómoda: cuando el equilibrio fiscal se vuelve prioritario, ¿quién absorbe el costo? En este caso, jubilados que ven restringidos medicamentos o prestaciones. La dignidad sigue presente en el discurso público, pero en la práctica queda tensionada por la lógica del recorte.
Dicho de forma simple: toda decisión política implica un costo, y ese costo siempre recae sobre alguien. Por eso, la dignidad no desaparece, pero tampoco se mantiene intacta. En la práctica, se vuelve negociable.
No porque alguien lo diga explícitamente, sino porque la propia lógica de la política lo impone. Los conflictos, desde Medio Oriente hasta Ucrania, pasando por América Latina, se administran. Y en ese movimiento, lo que debía ser un límite absoluto empieza a parecerse bastante a una variable más.
Allí aparece con más claridad el contenido de la dignidad en un escenario democrático: defender el derecho como un conjunto de restricciones a la opresión que puede ejercerse sobre la autonomía de cualquier persona, incluso cuando esa opresión cuenta con el respaldo de la mayoría. Es, en el fondo, un intento de preservar ese núcleo que la política tiende a erosionar que resulta en la idea de que hay límites que ni siquiera la voluntad colectiva debería poder atravesar.
No es la sociedad la que tiene derechos frente al individuo, sino cada individuo frente al resto. Se puede nacer en una sociedad mayoritariamente católica o musulmana, pero eso, justamente por la dignidad intrínseca de cada persona, no genera obligaciones hacia la tradición o los valores dominantes. Valga el caso para la inmigración. La historia lo muestra con claridad: lo que en un momento aparece como “bien común” puede derivar en formas de persecución o exclusión. Desde la caza de brujas hasta la condena social de minorías, no es la moral mayoritaria la que protege, sino los límites que se le imponen.
