El discurso del presidente Milei, el 1 de marzo ante la Asamblea legislativa, se extendió poco más de una hora. Fue leído desde un atril (como lo hacen los presidentes norteamericanos), monótono y reiterativo. Cuando el libertario se modera pierde frescura y naturalidad. Su fuerte son los exabruptos. El “show anticasta” consumió el 90% del tiempo. En ese lapso hilvanó frases hechas, una y tras otra, aparentemente punzantes y muy efectivas. Se nota en eso la influencia de su asesor estrella, Santiago Caputo, el responsable de idear el relato libertario.
Es evidente que Milei tiene algunas dificultades para leer, pero interpreta con total claridad las líneas de enemistad que surgieron tras el último proceso electoral: los partidos políticos tradicionales, los sindicatos y las organizaciones sociales y piqueteras. Mientras que todos ellos son parte del problema, su movimiento emerge como la única alternativa posible. Todos los demás, sin matices, son “los jinetes del fracaso”.
En su cruzada contra la “casta” por momentos adopta modales revolucionarios que con caricaturescos: se percibe como un “mesías”, alguien que ha sido elegido para cumplir una misión: liberarnos de la “casta”. No pretende guiar o liderar a su pueblo, sólo liberarlo, como lo hizo Moisés. Para lograrlo, divide a la sociedad en dos grupos: la “gente de bien” y los que no lo son. Es fácil advertir que todos aquellos que no coinciden con sus ideas son considerados como “gente del mal”; hasta el papa fue calificado en este segundo grupo.
En lo que representa una experiencia discursiva inédita en la historia política argentina, Milei suele recurrir a las metáforas teológicas. Las “fuerzas del cielo” es quizás la que utiliza con mayor frecuencia. A ellas invoca para pedir la protección del pueblo argentino ante la catarata de medidas y decisiones de gobierno que aumentan exponencialmente la pobreza y la indigencia en el país. Muchas de estas metáforas se colaron en el discurso. En el último tramo de su alocución, el presidente convocó -con gesto adusto- a gobernadores, ex mandatarios y líderes de los “principales partidos políticos” (no a todos), a suscribir un nuevo pacto nacional. La cita: el 25 de mayo, en Córdoba, lugar de origen de Conan, el emblema canino de su gestión.
El programa que ofrece para suscribirlo (no para consensuarlo) está condicionado a la previa aprobación de la denominada Ley bases, y consta de diez puntos: La “inviolabilidad” de la propiedad privada; El equilibrio fiscal “innegociable”; Un ajuste histórico y extremo del gasto público para ubicarlo en torno al 25% del PBI; Una reforma impositiva que implique reducción de impuestos; El rediseño del régimen de coparticipación federal; El compromiso de las provincias para la explotación de sus recursos naturales; Una moderna reforma laboral que favorezca al empleo registrado; La reforma del sistema previsional, que lo torne “sustentable” y posibilite el retorno del sistema privado de jubilaciones; Una amplia reforma política para mejorar el sistema de representación actual; La apertura del comercio internacional.
Llama la atención la ausencia de la educación entre los nuevos “mandamientos” de Milei (aunque, en rigor, esto no debería sorprendernos, porque este presidente no cree en la educación, y menos en la educación pública). Y lo mismo ocurre con la salud. En este marco, deben entenderse medidas como el congelamiento dispuesto en el presupuesto de las universidades nacionales.
Tampoco hay referencia alguna al desarrollo productivo e industrial (lo que fue advertido de inmediato por el gobernador Martín Llaryora), a la promoción de empleo y trabajo, y ningún incentivo para la ciencia y la tecnología. Su enfoque es meramente fiscalista y mercantilista, se centra en lograr el equilibrio fiscal y la apertura total del comercio exterior, además de favorecer la explotación libre de los recursos naturales que están bajo el dominio de las provincias, por expresa previsión constitucional.
Por lo demás, algunos mandamientos resultan demasiado obvios, como la inviolabilidad de la propiedad privada, ya consagrada en la Constitución (art. 17); o la modificación del régimen de coparticipación federal, que está prevista en la cláusula transitoria 6º del texto constitucional, según la reforma sancionada en 1994. Más simple hubiese sido que el primer mandamiento (o mejor, el único) ordene el respeto y cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Ese sería un muy comienzo de gestión.
Sin ánimo de abundar en detalles, remarcamos que se omite toda mención a la soberanía sobre las Islas Malvinas, acaso la única política de Estado que había logrado sostenerse desde el retorno de la Democracia; y, además, se silencian por completo las problemáticas de la pobreza y el hambre, que deberían figurar entre las prioridades a la hora de sellar un nuevo Contrato Social (esta fue la primera medida que adoptó Lula, en Brasil, cuando asumió su último mandato).
El pomposo “Pacto de Mayo” no es más que un señuelo estratégicamente concebido y dirigido a la oposición y los gobernadores díscolos, para ganar tiempo y así tratar de aflojar algunas tensiones internas, mientras avanza el plan de ajuste y la población siente sus graves consecuencias.
Para mayo falta una eternidad. Antes, debería decidirse sobre la validez del DNU 70/2023, y, luego, habría que ver lo que sucede con el mentado pacto, si es que la paciencia y el humor social -que siempre son limitados- lo permiten.
