El acuerdo fija tres criterios de cumplimiento: el déficit fiscal primario, la emisión y la acumulación de reservas –con compromisos en subsidios a la energía-, lo que establece sólo un marco de las políticas que el Gobierno aplicará para lograrlos. Por lo que no es un trazado que debiera establecerse en un plan plurianual, con sus respectivos presupuestos.
Es bueno recordar que Néstor Kirchner comprometió un superávit del 3% del PBI, que cumplió, y acumuló reservas tales que le permitió cancelar el crédito con el FMI, en lo que se dio en llamar “superávit gemelos”, y la refinanciación de la mayoría de la deuda privada con fuertes quitas.
Eso no impidió que el país creciera “a tasas chinas” luego de años de destrucción del aparato productivo en manos del sistema financiero y las importaciones.
Aunque es justo decirlo, como lo indica la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) del INDEC, la extranjerización y concentración de empresas argentinas aportó una buena parte del capital y divisas obtenidas, que obviamente hoy son un problema grave para lograr eficacia en las políticas públicas, especialmente en la salida de capitales y la inflación.
Es claro que las mayores restricciones a la sostenibilidad del acuerdo con el FMI no son los criterios de cumplimiento, ni siquiera la reducción de subsidios –los de energía eléctrica son principalmente para el AMBA- en una segmentación que viene prometiéndose desde 2011, cuando la ahora Vicepresidenta, Cristina Fernández, habló de “sintonía fina”.
Uno de los riesgos, aunque también podría ser una ventaja, es la situación internacional de comodities (hidrocarburos, granos y metales) y las cadenas de valor frenadas por sanciones y las listas negras de empresas vetadas entre los polos de poder, en medio de una guerra comercial.
Otro riesgo es el efecto social y electoral de las restricciones en 2023, no tanto por las exigencias del FMI, sino por las dificultades de hacer llegar a los sectores más postergados los beneficios del crecimiento, así como por la utilización política que haga la oposición con sus medios dominantes, lo que de alguna manera justifica los cuestionamiento al acuerdo de Máximo Kirchner, Juan Grabois y sus compañeros.
Mientras tanto, el Gobierno y el presidente Alberto Fernández se entusiasman con una reelección si logra reestablecer un círculo virtuoso de desarrollo con inclusión, freno a la fuga de capitales, inversión en sectores estratégicos de alta tecnología, materias primas, que generen trabajo y, sobre todo, exportaciones.
Por lo pronto, el acuerdo le proveerá de reservas adicionales al superávit comercial, que le permitan frenar las cotizaciones del dólar “blue” y financiero, que vienen cayendo desde sus máximos desde hace poco tiempo, lo que puede frenar la inflación (a condición de que aíslen los precios internos de los productos exportables). Eso se ha comenzado a hacer con los fideicomisos sectoriales pactados con los exportadores, en un sistema que no requiere una resolución, como ocurrió con la 125, cuando, como ahora, explotaban los precios internacionales, en 2008.
Si eso es eficaz, no es descabellado pensar en fuertes inversiones extranjeras –y de nacionales con divisas atesoradas- en un país lejos de los polos de conflicto, con limitaciones al déficit y la emisión monetaria, acumulación de reservas y bajos costos laborales en dólares, siempre que no se produzca un nuevo proceso de concentración y extranjerización de las empresas nacionales que aún quedan, y se desconcentren otras que ejercen poder monopólico, lo que limita la entrada de nuevos competidores.
En las PyMEs, un mercado de capitales en pesos que les permita financiarse compartiendo riesgos y beneficios con los inversores, y por fuera del sistema bancario, puede darles un impulso a las que requieran más capital para crecer.
Por último, el desarrollo de empresas de economía social de alcance local o regional, que acerquen trabajadores y productores con los consumidores (eliminando intermediación y cadenas logísticas) pueden ser un mecanismo virtuoso para incorporar a una parte de la población hoy separada de la economía formal.
Son muchas las políticas públicas que el FMI no condiciona, las que debieran aplicarse y ser efectivas en un tiempo no muy largo antes de las próximas elecciones. ¿Se podrá con un Estado que, grande o no según quien lo vea, es evidente que se ha mostrado inseguro, débil y un poco tonto en las últimas gestiones?
