En el lanzamiento del plan “Precios Justos 2”, el ministro Massa y su secretario de comercio, Tombolini, anunciaron un sistema que recopila en línea 15 millones de datos diarios. Aún cuando no hay detalles técnicos, eso incluiría 5.000 productos en 3.000 comercios.
El sistema fue desarrollado por Amazon Web Service, el mayor prestador de servicios en la nube, y ARSAT; se estaría construyendo una base de datos capaz de controlar, día a día, los acuerdos voluntarios firmados con las empresas productoras dentro del plan. Es claro que los acuerdos han sido forzados por la secretaría que ahora maneja también el comercio exterior, bajo la amenaza de no proporcionar dólares para importaciones en un contexto de restricciones. Esas empresas habían comenzado a desabastecer a las grandes superficies de los productos con precios acordados, derivándolos con precios mayores a pequeños comercios que no podían ser controlados por la secretaría. Es un buen comienzo, que, además de controlar sin intervención humana los precios reales, permite identificar los cortes de abastecimiento en cada boca y producto, lo que completa el ciclo de planeación, ejecución y control para que la decisión del Estado sea por primera vez efectiva.
Como siempre, en las primeras etapas de un plan el sistema tiene algunas limitaciones en cuanto al número de comercios que reportarían los datos, el número de productos que se controlarían y algunas utilidades que al menos por ahora no se mencionan. Éstas se refieren al control del uso abusivo de posición dominante que es la figura de la ley de Defensa de la Competencia (25156/99) con la que se podría sancionar a las empresas monopólicas que suelen bajar sus precios en los mercados donde tienen competencia, financiándolos con los beneficios obtenidos donde no la tienen. Así se excluyen y desfinancian a pequeños competidores, lo que es sancionado en los países más desarrollados.
En ese sentido, mucho es el trabajo que queda por delante, comenzando con ampliar el relevamiento de comercios y productos hasta alcanzar la totalidad de los que tienen lectura de códigos de barras, y la totalidad de los productos que los utilizan. También será necesario que la secretaría cuente con software de procesamiento automático de la información relevada, que permita el análisis de los precios y cantidades por rubros, por zonas geográficas, por segmento de la distribución minorista, que identifique los desvíos y permita su control diario por excepción; y se apliquen las medidas correctivas y/o sancionen a los infractores.
Caso aparte será el de pequeñas empresas productoras y comercios, que tienen una carga impositiva y laboral excesiva para el valor agregado que producen en relación con las grandes empresas, por lo que sólo pueden sobrevivir si logran evadirlos, algo que se consiente haciendo “la vista gorda”, por lo que de esa forma promueven la evasión y afecta la competencia entre quienes pagan los impuestos y quienes no, la recaudación previsional y las posibilidades de los trabajadores en obtener una jubilación (que obliga al Estado a otorgar periódicamente moratorias previsionales). Para que ello deje de ocurrir, será necesaria una reforma impositiva que permita que todos puedan cumplir sin necesidad de funcionar tras los límites legales, tributando sólo aquello que es compatible con su sobrevivencia.
En cualquier caso, el sistema incorporado con el plan “Precios Justos 2” es un primer paso correcto para lograr eficacia en las políticas de precios e inflación.
También se realizaron anuncios en rubros referidos a artículos de la canasta escolar, las cuotas de colegios privados, las prepagas de salud, y vestimenta y calzado, aunque no se sabe si ello contará también con un control similar a los productos de almacén, bebidas y limpieza.
También se agregan los avances en el control de comercio exterior, la AFIP y el BCRA, que diariamente está reportando casos denunciados de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulación con empresas vinculadas, lo que de inmediato ha disminuido mucho el volumen de operaciones con terceros países que actuaban como jurisdicciones de baja tributación o guaridas fiscales.
Las bases de datos construidas para la segmentación de tarifas de electricidad y gas, que fueron una salida de emergencia para aplicar esa política y su cruce con datos de la condición socioeconómica también van en ese sentido, y han sido aplicadas sin grandes conflictos, sobre todo por la advertencia respecto del control de las declaraciones juradas para obtener el subsidio, con lo que un 40% de los usuarios no las presentaron y otros que las habían presentado las retiraron, a sabiendas que no cumplirían con algunas de las condiciones establecidas y las multas que derivarían de su falsedad.
Por último, las bases de datos de los planes sociales, que permitieron controlar las condiciones requeridas para su otorgamiento están transparentando ese gasto estatal que representa el 2% del presupuesto.
Mientras, no se aplica la misma rigurosidad con los beneficios fiscales (13% del presupuesto) otorgados en el impuesto a las ganancias a empresas mineras, jueces y fiscales o personas que se dedican a la compraventa de acciones y títulos valores con cotización en bolsas. También en el IVA los servicios de agencias de lotería y otros explotados por el Estado, o los Bienes Personales en inmuebles rurales, depósitos en entidades financieras y las plataformas digitales. A pesar de ello, con toda esta información, un Estado menos bobo puede aspirar ser más efectivo en sus políticas públicas, aunque puedan seguir debatiéndose su razonabilidad, la confidencialidad de la información individual, la participación en el control social de esos sistemas y la transparencia requerida en su gestión.
Las herramientas suelen ser menospreciadas, tal vez no sean el aspecto más importante de un gobierno, pero son imprescindibles para la gestión de cualquier Estado, gobierne quien gobierne, so pena de fracasar o generar grandes injusticias.
