En el marco de la avanzada libertaria contra todo lo público, el Gobierno ha decidido profundizar su ataque contra el sistema universitario, que está sufriendo un brutal ajuste presupuestario en el corriente año (del orden del 30%, como mínimo) y que además es víctima de una feroz e injusta campaña de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales. Se trata, sin dudas, de un ataque inédito, que no registra antecedentes en nuestro país y “tiene un explícito propósito destructivo”, como lo aclara el Frente Sindical Universitario, que convocó a un nuevo paro nacional de 48 horas (desde ayer y hasta hoy inclusive) y una semana de visibilización y protestas (entre el 21 y el 25 de octubre), al que adhirieron en Córdoba tanto ADIUC como la Gremial San Martín.
Mientras el conflicto universitario se encuentra en plena escalada (con más de 60 facultades de 25 universidades diferentes que fueron tomadas por los estudiantes), el consultor Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba, analizó la percepción social sobre la educación superior y criticó el discurso presidencial que refleja un claro desconocimiento acerca del funcionamiento de la universidad pública, y en particular, de las auditorías, ya que el propio oficialismo (a través de la presidencia de la Cámara de Diputados) es el que debe designar al cuerpo de auditores para integrar la Auditoría General de la Nación, lo que no ha hecho hasta el presente, siendo ésta una omisión absolutamente imputable a la gestión de Javier Milei.
Según Gustavo Córdoba, la percepción social sobre el sistema universitario argentino no está en sintonía con las manifestaciones del Presidente de la Nación. Así, y en función de los datos recolectados por su consultora (los días 11, 12 y el 13 de octubre), resaltó que a nivel nacional la mayoría de la población cree que “es muy importante la universidad pública” (70%), siendo considerada como “un orgullo nacional” (86,4%). En tanto, para el 91,3% no representan “un gasto innecesario”.
Sin dudas, uno de los aspectos más polémicos de las declaraciones de Milei radica en su afirmación de que “los pobres no llegan a la universidad”. Como se recordará, lo mismo sostenía María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires (durante la gestión presidencial de Mauricio Macri). Sin embargo, Córdoba explicó que “el 76% de los consultados está en desacuerdo con esa frase”. Además, el 80,7% de los encuestados piensa que la universidad es “una herramienta clave para la movilidad social ascendente”, en contraste con la posición del oficialismo.
Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, aporta un dato clave: “El 60% de los estudiantes de esa casa son primera generación de universitarios”. Este guarismo debería tomarse como un piso, ya que dependiendo de la universidad, entre el 60 y el 80% son primera generación. Y agrega el rector: “Si en un país que tiene el 70% de los jóvenes pobres no se garantiza el (debido) financiamiento para la universidad pública, difícilmente puedan esos jóvenes pobres llegar a la universidad en adelante”.
Con relación a la supuesta falta de auditorias, que es uno de los puntos críticos que el gobierno ha logrado instalar en el actual debate, Córdoba asevera que “el Gobierno ignora el funcionamiento que tiene la Auditoria General de la Nación, (así como) el de las universidades”. En efecto, cada unidad académica cuenta con sus propios controles que se realizan de manera permanente. Desde la Casa Rosada se hace mucho ruido con el tema del control, pero en realidad se desconoce cómo funcionan los órganos de control del Estado. Por lo demás, llama la atención la polémica que se ha generado cuando ninguna autoridad universitaria se ha opuesto a la realización de las auditorias.
En rigor, lo que hace el Ejecutivo es desviar el foco de atención del conflicto. Lo central aquí es la cuestión salarial de los docentes y no docentes, que ya han perdido un 40% de poder adquisitivo desde comienzos de 2024, y el financiamiento de las universidades. La inmensa mayoría de aquellos no llega a cubrir la canasta básica alimentaria, de ahí la necesidad de lograr una recomposición salarial en forma urgente. Para colmo, la paritaria docente sigue sin activarse a nivel nacional, por expresa decisión del Gobierno. Y sin diálogo alguno, resulta muy difícil encontrar una solución a este conflicto que recrudece semana tras semana.
Para el consultor, la falta de coherencia en el discurso presidencial sobre la universidad pública es un reflejo del desconocimiento y la improvisación, y destacó que sería fundamental alcanzar consenso en la política educativa, un elemento que está ausente en la gestión libertaria. De hecho, Milei parece estar dispuesto a dinamitar todos los puentes que existían en nuestra sociedad, más que a construir consensos. Es un político que no cree en el diálogo. Sus instrumentos de acción política son la agresión y la confrontación, llevadas a límites extremos (ni los muertos están a salvo de su beligerancia verbal).
Asimismo, Córdoba fue enfático al señalar que, si bien es cierto que el sistema educativo es perfectible, “el objetivo del Gobierno no parece ser mejorar la universidad sino destruirla”. Y para ello, el primer paso es limitar o reducir su financiamiento. Esto, sumado a la catarata de acusaciones infundadas (el ministro Luis Caputo acaba de calificarlas como “cajas del Estado”, que son utilizadas para el “afano”), puede llevar a que el presente debate se transforme en “un tema de gran confrontación social”, similar a lo que sucedió con la Resolución 125 en los albores de la primera gestión de Cristina Fernández.
Cada presidente suele elegir a sus propios enemigos. En otros tiempos ese rol fue ocupado por el sector agropecuario, la Justicia o el periodismo, acaso el enemigo predilecto de los mandatarios argentinos. Hoy, desde las más altas esferas del poder se está construyendo un enemigo que era impensado hasta hace unos meses atrás: las universidades nacionales. ¿Será ésta una buena elección de Javier Milei?
