El dato anterior exhibe con total crudeza la brecha existente entre la percepción ciudadana y la legitimidad que necesita el sistema judicial para poder funcionar con cierto grado de eficiencia. Si tres cuartas parte de la población no confía plenamente en aquellos que se encargan de administrar Justicia, la legitimidad funcional del Poder Judicial está herida de muerte.
La encuesta fue realizada entre el 11 y 16 de octubre, sobre la base de una muestra de 700 personas mayores de 16 años, de ambos sexos, con residencia en la provincia de Córdoba. Y también indaga sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito judicial, y quiénes son identificados como los principales responsables del funcionamiento actual de la Justicia.
Concretamente, el relevamiento confirma que solamente el 22,7% reconoce tener confianza en la Justicia, frente al 35,8% que dice confiar en el Gobierno y el 25,4% que lo hace en relación a la Legislatura provincial. En el punto más extremo de la desconfianza se ubica el 42% de los consultados, para quienes el Poder Judicial es “nada confiable”. No hay ninguna otra institución en Córdoba que logre reunir semejante nivel de rechazo.
Los resultados obtenidos por Dialogía permiten concluir que el Poder Judicial ocupa el último lugar del ranking en materia de confiabilidad. En efecto, en el caso del Poder Ejecutivo, el 35,8% manifestó confianza y el 62,3% desconfianza. Con respecto al Poder Legislativo, los valores fueron del 25,4% y 71,8%, respectivamente. Mientras que el Judicial quedó más relegado, con un 22,7% de confianza y un total del 74,4% de desconfianza (fruto de sumar el “nada confiable” y el “poco confiable”).
A su vez, cuando se pregunta si la Justicia cordobesa trata por igual a hombres y mujeres, la respuesta más frecuente fue que lo hace “relativamente” (47,3%). En cambio, un 19,8% no dudó en calificarla como una Justicia machista. Un porcentaje similar (20,3%) considera que existe un trato igualitario y el 12,6% restante dijo no saberlo. Al comparar las respuestas por género, se pudo comprobar que, en general, son las mujeres las que tienen una posición más crítica, ya que el 24,3% de ellas afirmó que el sistema judicial en la Provincia tiene un decidido sesgo machista, frente al 13,8% de los varones.
En cuanto a los responsables del funcionamiento actual de la Justicia local, la mayoría (38,1%) señaló que el principal responsable es el “poder político”, en referencia al gobernador. En segundo lugar -con el 34,2%- quedaron los propios integrantes del Poder Judicial, especialmente, jueces y fiscales. Después se ubicó el Tribunal Superior de Justicia, con el 16,4%; mientras que los empleados judiciales fueron prácticamente relevados de toda responsabilidad, al reunir apenas el 3,6% (se aclara que un 7,7 % de los consultados no supo qué responder al respecto).
Este último aspecto del estudio es muy interesante, porque significa que, a pesar de la desconfianza imperante, muchos ciudadanos identifican que el principal problema del Poder Judicial es su dependencia del poder político, es decir, su falta de independencia, que sin dudas es el talón de Aquiles del sistema judicial argentino, no solo del sistema cordobés. Por cierto, no deja de llamar la atención que se atribuya al Tribunal Superior una responsabilidad menor en el deficiente funcionamiento de la Justicia, máxime tratándose del más alto Tribunal de la Provincia, que ejerce las funciones de “superintendencia” en todo el ámbito del Poder Judicial, por expresa prescripción legal y constitucional.
Cabe destacar, asimismo, que los datos publicados en esta ocasión por Dialogía concuerdan con los resultados de distintos relevamientos efectuados en el medio local durante los años anteriores. En todos ellos el porcentaje de desconfianza oscila entre el 70 % y el 80 %, lo que evidencia claramente el profundo descrédito que afecta a la Justicia provincial. Por lo demás, tenemos razones para pensar que el panorama es aún más grave en el caso de la Justicia Federal, hoy inmersa en una sucesión de escándalos que involucran a sus más conspicuos miembros.
Por ello se torna imprescindible que todos aquellos que son responsables -en mayor o menor medida- por el debido funcionamiento del Poder Judicial, hagan una profunda y sincera autocrítica, y que de manera urgente se realicen todas las acciones que resulten necesarias para revertir esta situación, si es que en serio se pretende reconstruir las bases de legitimación del Poder Judicial; pues de lo contrario, la desconfianza ciudadana tenderá a acrecentarse cada vez más, afectando de manera severa la prestación de un servicio tan esencial para un Estado de Derecho como lo es la administración de Justicia.
En rigor de verdad, debe reconocerse que las medidas que pudieron haberse adoptado hasta el presente, no han sido suficientes ni conducentes para cambiar el curso de esta historia. Los hechos así lo confirman.
