En Córdoba los escándalos últimamente se precipitan a la velocidad de un rayo. Y no estamos haciendo referencia a los diarios episodios vinculados con la inseguridad ni a los reiterados casos de abuso policial, sino a hechos y delitos de suma gravedad que han afectado severamente la prestación de otros servicios esenciales a cargo del Estado provincial, como la salud y la justicia.
Así, unas semanas después de que explotara públicamente el caso de las muertes de bebés en el Hospital Neonatal, el Poder Judicial de Córdoba sufrió un ciberataque de características inéditas, que afectó su página web, los servidores digitales y las bases de datos que contienen los expedientes.
Concretamente, el sistema informático del Poder Judicial fue atacado por un virus de tipo “ransomware”, denominado “play”, que es un programa malicioso que se infiltra en un sistema y bloquea el acceso a todos sus archivos. El ataque se habría iniciado el viernes 12, en horas de la tarde, desde una PC de la unidad fiscal de Jesús María. Desde entonces, los sistemas se encontraron inhabilitados y fuera de servicio.
Cabe aclarar que el “ransomware” es un virus que entra a una computadora a través del engaño ejecutando un correo electrónico u otro tipo de acceso, y lo que hace es encriptar, cifrar y ocultar toda la información posible, como lo explica Martín Domínguez, profesor universitario y especialista en normas de seguridad de la información. Esto implica un secuestro de datos y el consecuente pedido de rescate, porque el virus toma el control de los archivos para obtener un rédito económico, en contraposición a lo afirmado por las más altas autoridades judiciales, que aseguran que hasta ahora no hubo ningún pedido en tal sentido.
Las hipótesis que se manejan en la investigación que está a cargo del fiscal Franco Pilnik son básicamente dos. En primer término, se sospecha que pudo haber participación interna, y que el virus ingresó a través de una computadora de la unidad fiscal de Jesús María, como se mencionó anteriormente. En tanto, la segunda hipótesis plantea que los atacantes emplearon el usuario y contraseña de una persona externa, esto es, un dependiente de alguna empresa que presta servicios al Poder Judicial. Dicho usuario contaba con facultades y privilegios de Administrador y, por lo tanto, se podría tratar de un descuido o una omisión, antes que una falla del sistema.
Ante esta gravísima situación, la respuesta oficial consistió básicamente en declarar inhábiles a los fines procesales y administrativos los días 16, 17, 18 y 19 de agosto, para todas las causas ya iniciadas y que se tramitan electrónicamente. Esta medida formó parte del “Plan de Contingencia” aprobado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante Acuerdo Reglamentario n° 1778, serie “A”, de fecha 15 de agosto, para “el restablecimiento gradual y progresivo de los servicios y sistemas electrónicos del Poder Judicial de Córdoba”.
El mismo lunes 15, es decir 72 horas después de perpetrado el ciberataque, el presidente del TSJ Sebastián López Peña no tuvo más alternativa que informar en conferencia de prensa que “el daño ocasionado es grave”, pero no va a ser permanente, debido a que el ataque “no logró afectar las tres copias de respaldo de información con las que cuenta el Poder Judicial”. Sin embargo, el abogado Andrés Piazza, un experto en seguridad informática, aseguró que “si estuviera la información inalterada ya se hubiera levantado”. Precisamente la demora en el restablecimiento del servicio parecería contradecir las afirmaciones de López Peña. Tanto es así que el propio Tribunal Superior se vio obligado el viernes 19 a prorrogar el “Plan de Contingencia” hasta el miércoles 24 inclusive (ver A.R. n° 1781, serie “A”, del 19 de agosto de 2022).
Lo cierto es que este ciberataque ha demostrado cuán vulnerable es el sistema informático del Poder judicial de la provincia. Piazza y otros especialistas lo habían advertido hace meses, del mismo modo que ahora sostienen que no será éste el último ataque que reciban las bases de datos de la Justicia de Córdoba. Una Justicia que se jactaba de su imparable camino hacia la modernidad, teniendo al expediente digital como su reveladora nueva verdad. Hasta que, de pronto, un inesperado ciberataque demolió de un plumazo aquella sensación de triunfalismo y superación.
Cual si fuera un secreto de Estado, reina un hermetismo total sobre las medidas para revertir la crisis. Y ante la falta de información pública proliferan los rumores. En los pasillos de Tribunales (y también fuera de ese ámbito) se vocifera por lo bajo que se habría exigido un cifra millonaria como chantaje. Al fin y al cabo, este es el único objetivo de un ciberataque. No obstante, esta versión no fue (ni será) confirmada por las autoridades judiciales.
Por el contrario, desde los despachos ubicados en el primer piso del Palacio de Justicia se realizan denodados esfuerzos para hacer creer a la población que el servicio no ha sido interrumpido y continúa de manera analógica. Empero, los jueces superiores deberían saber que resulta imposible tapar el sol con las manos. Así, habría que analizar cuántas demandas se decretaron en las últimas dos semanas, cuántas diligencias probatorias se concretaron, cuántas audiencias nuevas se fijaron, cuántos autos y sentencias se dictaron, y cuántas órdenes de pago fueron libradas desde el día 16 de agosto para poder determinar qué grado de avance registraron los procesos judiciales mientras duró la ciber-contingencia.
Nosotros entendemos que no hubo avance alguno, porque no es cuestión de buena voluntad o buenas intenciones. Los magistrados, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, no pueden resolver porque “están a ciegas”, sin tener acceso al sistema. De hecho, ningún operador judicial pudo acceder a las causas en curso. Y en este contexto, el mantenimiento de la presencialidad en Tribunales es sólo una formalidad, por cuanto los empleados y funcionarios judiciales se limitan a recibir las presentaciones efectuadas en soporte papel, “encontrándose impedidos de resolver la mayoría de los planteos dado que no pueden acceder a los expedientes electrónicos”, tal como lo denunciara Pedro Despouy Santoro, autor de un documento muy crítico sobre el estado de la Justicia cordobesa tras el hackeo.
En rigor, los Tribunales hoy permanecen abiertos pero en ellos paradójicamente no se administra Justicia. En un breve lapso de tiempo (desde el año 2019 a la fecha) se ha pasado de una Justicia real a una virtual (o digital), y ahora se pasó si más a una fase que podría denominarse como de Justicia “hackeada”, es decir, una Justicia que no está operativa. Y sin un Poder Judicial que funcione con cierta normalidad, no hay seguridad jurídica ni República posible.
Esto preocupa sobremanera a todos los abogados y auxiliares de la Justicia, que han visto paralizada su actividad profesional desde la semana pasada. Es que se trata de un verdadero apagón del Poder Judicial, un apagón que ya lleva diez días y no registra antecedentes en nuestra Provincia (a nivel país, sólo se conoce el caso de Chaco, cuyo Poder Judicial sufrió un ataque similar a principios de este año).
Por esta razón, esta semana frente a la llamativa (y hasta cierto punto esperable) inacción del Colegio de Abogados de esta capital, grupos de abogados autoconvocados han denunciado la vulneración de sus derechos, en especial, el derecho a trabajar y a ejercer su profesión. Por cierto, no sólo los derechos de los letrados han sido conculcados, sino que esta situación de emergencia judicial afecta directa o indirectamente los derechos y garantías de todos los habitantes de la Provincia. Ante la falta de operatividad del Poder Judicial, hoy los derechos y garantías constitucionales devienen en una mera abstracción.
En definitiva, el ataque informático perpetrado a uno de los tres poderes del Estado provincial es un hecho sumamente grave, de una gravedad institucional inusitada, que obliga a deslindar responsabilidades y sin dudas va a profundizar aún más la falta de confianza de la ciudadanía en un servicio tan esencial como la Administración de Justicia.
En la historia de loa tribunales locales seguramente éstas no serán las páginas más brillantes de un Poder que por estos días ha sido puesto en “hacke” como nunca antes. No creemos que se trate en esta ocasión de un “hacke” mate, pero se le asemeja bastante.
