La Provincia quiere responder al reclamo social ante las protestas callejeras
Cuando el gremio de los municipales cortó varias arterias céntricas durante una manifestación la semana pasada, el teléfono del ministro Quinteros sonó para que escuche un duro reproche del gobernador. Las imágenes que vio en televisión y lo que oyó por radio no le gustó nada al ocupante del principal despacho del Panal.
Por eso ayer comenzaron a discutirse en la Comisión de Seguridad de la Unicameral tres proyectos para regular la protesta social. Uno moderado presentado por el radical Dante Rossi, uno a tono con el protocolo de Bullrich del libertario Agustín Spaccessi y el del oficialismo, que impulsa Nadia Fernández.
Lo que seguramente se aprobará cuando llegue al debate en el recinto es que se garantice media calzada libre durante las marchas, que no haya acampes y que siempre se liberen carriles sanitarios y para el transporte público. Lo que no quiere Llaryora ni el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros es que la justicia les reproche que no hay legislación vigente para imputar a quienes cortan las calles.
Además, por enésima vez las encuestas de opinión reflejan que la seguridad es el principal problema que asoma en las preocupaciones de los cordobeses de capital, muy por encima de otras. Por eso el gobernador Martín Llaryora, antes de partir de viaje a Estados Unidos, dejó una larga lista de temas para que los legisladores comiencen a trabajar. La semana próxima se presentará una iniciativa para que se agraven las sanciones para quienes evadan controles policiales o se resistan durante un operativo.
Un legislador opositor deslizó que estos temas son muy redituables en la opinión pública y “mucho más cuando se tratan en años electorales”.
Entre la tentación libertaria y la identidad nacional-católica
Aunque en el calendario parezca cercano, al crucial mes de agosto para las definiciones políticas de alianzas y candidaturas todos lo ven distante. “Falta mucho y puede pasar cualquier cosa” dicen cerca del redil de Encuentro Vecinal, la fuerza política que lidera Aurelio García Elorrio. Es que en el juego de alianzas y candidaturas muchos miran hacia el partido que supo hacer interesantes elecciones y que supo integrarse con otras agrupaciones como la que llevó al poder a Fernando Rambaldi en La Calera.
Para mantener la vigencia del sello deben participar de la elección de medio término en octubre, pero varias dudas se ciernen sobre la conveniencia de buscar aliados o presentarse solos. Por un lado, algunos militantes de perfil liberal ven encantados las medidas que impulsa el presidente Javier Milei y quieren apoyar alguna propuesta libertaria.
Sin embargo, la línea predominante dentro de Encuentro Vecinal no coincide con alineamientos internacionales con Estados Unidos e Israel o con los fuertes recortes en salud, educación, jubilados y discapacidad.
“Somos un partido con ideas del nacionalismo católico y la mayoría de las políticas de Milei chocan con nuestros principios, más allá de algunas pocas coincidencias” dicen en el entorno del partido que va a esperar, como hacen casi todos, para definirse.
La Secretaría de Trabajo, clave en la distensión de dos conflictos gremiales
La intervención de la Secretaría de Trabajo en dos conflictos de alta exposición pública como los municipales y los judiciales trajo alivio a todos los involucrados. Es que el gremio que conduce Rubén Daniele comenzó a sentir el desgaste de una protesta dilatada en el tiempo y la conciliación obligatoria asoma como una medida que puede convenir a las dos partes.
En la reunión del miércoles las autoridades del Palacio 6 de Julio dejaron en claro que la creación del Ente de Fiscalización y Control no será negociada. “Fue votado en el Concejo Deliberante y es una decisión política que no se va a bajar por más presión que haga el sindicato”. Por el lado del Suoem, ven como un gesto que los descuentos por asambleas y horas no trabajadas no sean significativos y hasta se puedan devolver por planillas complementarias. Por ahora reinará cierta calma.
En el conflicto de los judiciales la reunión sirvió para que el gremio que conduce Federico Corteletti reduzca la fricción con los autoconvocados y que el Tribunal Superior de Justicia acepte sentarse en una mesa de discusión, aunque no reconozca su rol como patronal, función de la que siempre ha rehuido.
“Esto demuestra que los conflictos que no tienen la intervención de mediadores siempre tienden a elevar la tensión y descarrilarse” dijo un gremialista de la CGT habituado a las negociaciones que el secretario de Trabajo Omar Sereno conduce con muñeca política.
