Todo gobierno necesita construir un relato de la realidad que le permita diferenciarse de los demás sectores políticos y, a su vez, consolidarse en el ejercicio del poder. El gobierno libertario tiene su propio relato, así como los gobiernos anteriores tuvieron el suyo. Sin relato resultaría imposible sostenerse en el poder.
El problema no es la existencia del relato en si mismo sino las bases sobres las cuales se construye dicho relato. En otros términos, lo decisivo es la distancia que media entre el relato gubernamental y la realidad política, económica y social imperante en una sociedad y en un momento determinado. Así, cuánto más evidente sea el divorcio entre el relato y la realidad, mayor será la dificultad para sostenerlo en el tiempo.
No hay dudas que el relato libertario ha sido construido inteligentemente y está potenciado a través del uso -también inteligente- de las redes sociales. Y a pesar de que se encuentra cimentado sobre una serie de falacias, no puede negarse que ha calado hondo en las convicciones de una parte importante de la población.
En el caso de la reforma laboral, que se discutió de manera expres en el ámbito del Congreso Nacional, el relato del oficialismo se halla diseñado y edificado sobre un enjambre de argumentaciones falaces, algunas de las cuales pretendemos dejar al desnudo en los párrafos siguientes.
Primera falacia: La modernización laboral
La supuesta modernización laboral no es tal. El proyecto aprobado no moderniza las relaciones laborales en el país sino que implica una brutal retracción de derechos para los trabajadores y trabajadoras del sector privado, es decir, aquellos comprendidos en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). A este fenómeno en los noventa se lo denominó “flexibilización laboral”.
En lo que respecta a la jornada de trabajo, por ejemplo, al extenderla hasta las 12 horas diarias, con la invención del Banco de horas y la consiguiente eliminación de las horas extras, la situación se retrotrae a la época anterior al año 1919, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -a través de su primera resolución- decidió limitar la jornada a ocho horas diarias y 48 semanales, tope que ahora nuestra legislación se apresta a desconocer, contrariando las convenciones y tratados internacionales que tienen rango constitucional (desde 1994) y la tendencia actual a nivel mundial, que procura limitar la jornada diaria a seis horas.
Entonces, lejos de cualquier modernización, se trata de una norma jurídica que nos hace retroceder en el tiempo hasta principios del siglo XX, que tiene un tinte netamente regresivo en cuanto al reconocimiento de derechos laborales y que viene, en todo caso, a formalizar la precarización del trabajo en Argentina, fidelizando así el ideario libertario en esta materia.
Segunda falacia: La industria del juicio
Patricia Bullrich, la principal impulsora y defensora del proyecto oficialista en el Senado de la Nación, centró la fundamentación de la reforma en la existencia de la supuesta “industria del juicio laboral”, algo que la nueva legislación vendría a desactivar y neutralizar.
Vamos a decirlo con total claridad: La industria del juicio no existe. Nunca existió. Es de lamentar que los Colegios de Abogados no se hayan expedido sobre el particular, en forma terminante. En todo caso, lo que existe es un festival de incumplimientos de las normas laborales por parte de los empleadores (no todos, por cierto). Estos incumplimientos generan muchos conflictos, algunos de los cuales llegan a instancia judicial. De todos modos, la litigiosidad hoy apenas alcanza al 2% de las relaciones laborales, es decir, que es muy baja en comparación con los demás países de la región. Además, la mayoría de los juicios iniciados en 2025 tuvieron su origen en accidentes o enfermedades del trabajo y son de menor cuantía.
Sostener, como lo hizo recientemente la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, que hay empresas que quebraron a causa del costo de los juicios laborales que debieron afrontar, sin mencionar ni aportar un solo dato, es muy poco serio. En más de 30 años de ejercicio profesional no hemos tomado conocimiento de ninguna empresa (ni tampoco ART) que haya tenido que cerrar sus puertas por los procesos iniciados y tramitados en su contra en el fuero laboral.
Por lo demás, el oficialismo pretende hacernos creer que con la modificación propuesta (o mejor, impuesta) se va a reducir la cantidad de juicios laborales, cuando en realidad todo hace prever que sucederá lo contrario, ya que la nueva normativa funcionaría como una fuente de renovada litigiosidad.
Tercera falacia: La generación de empleo
El gobierno sostiene enfáticamente que esta reforma va a favorecer la creación de empleo registrado. Sin embargo, la historia argentina lo contradice. Las reformas sancionadas durante los noventa, en plena era menemista, y en el 2000, cuando gobernaba la Alianza, que procuraban flexibilizar la legislación laboral, llevaron la desocupación del 8,6% al 21,5% (entre mayo de 1990 y mayo de 2002).
Años después, Mauricio Macri impulsó nuevamente una reforma laboral y se perdieron más de 139.000 empleos formales. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, con la implementación del RIGI y el blanqueo, más la creación de la figura del “colaborador”, la situación empeoró. En dos años ya se perdieron más de 290.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector privado. En ese mismo período se registraron más de 27.000 bajas de trabajadoras de casas particulares. Hoy se destruye un empleo cada cuatro horas en el país.
Este fenómeno, aciago para la sociedad argentina, es consecuencia directa de la recesión y la caída de la actividad económica. Sin reactivación del consumo ni crecimiento económico sostenido no hay posibilidades de crear fuentes genuinas de trabajo. Las normas jurídicas por sí mismas no son potencialmente creadoras de empleos. Tampoco lo destruyen. Afirmar lo contrario es un engaño. Con las mismas leyes hoy vigentes, en otros tiempos y con una economía en crecimiento, se crearon miles de puestos de trabajo.
Cuarta falacia: Los trabajadores no pierden derechos
La presente reforma sancionada, clarifica quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores en materia de derechos. No hay dudas que se trata de una reforma que favorece a los empleadores, una reforma pro-empresa, que empodera más aún a la parte fuerte de la relación laboral (a los “héroes”, según el propio Milei), en detrimento de todos los trabajadores.
De hecho, en el texto del proyecto no hay una sola disposición que beneficie a quienes prestan las tareas. No se restablece el equilibrio entre las partes, como se ufana en declarar la senadora Bullrich; por el contrario, se debilita en extremo la posición del trabajador, rompiéndose así el precario equilibrio previsto originalmente en la LCT, que fuera sancionada en 1974.
La sangría de derechos es prácticamente interminable. Un simple repaso del articulado nos permite comprobar que se pierde protección frente al despido arbitrario, se reduce la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones por despidos sin causa, se restringe el derecho de huelga, se elimina toda previsibilidad horaria, ampliándose la jornada de trabajo hasta 12 horas diarias, con la incorporación del Banco de horas y la eliminación de las horas extras, y se afecta como nunca antes el goce continuo y efectivo del período de vacaciones anuales. También se podría mencionar la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará en el futuro los despidos dispuestos por las patronales, con recursos propios del sistema de Seguridad y Previsión Social; y la avanzada cruel que se intentó hacer en perjuicio de las licencias por enfermedad, en el controvertido artículo 44 que fue finalmente desactivado, debido a la catarata de críticas que generó (incluso en bloques “amigables”, como el PRO y la UCR).
Quinta falacia: Las PyMEs resultan favorecidas
Tampoco es una ley que esté concebida para beneficiar a las PyMEs, ya que la intención de sus mentores es favorecer a las grandes empresas. Es una reforma hecha a la medida de las grandes empresas. Tanto es así que el proyecto impulsa el “Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral”, que reduce el costo de las nuevas contrataciones, sin distinguir por tamaño de empresa.
Cabe recordar que el mismo argumento ya se había utilizado al aprobar la “Ley Bases” y los resultados fueron contundentes: Entre julio de 2024 y octubre de 2025, unas 10.273 PyMEs dejaron de existir. Según datos oficiales, informados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 había en el país 512.357 empleadores y en noviembre de 2025 ese número se había reducido a 490.419. Esto significa que en los dos primeros años de gestión libertaria cerraron sus puertas 21.938 establecimientos (fabriles y comerciales, en la mayoría de los casos). Se trata de un verdadero “industricidio”, que la reforma laboral no va a poder revertir.
Sexta falacia: Se benefician los trabajadores de plataformas
Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 1° de la normativa propuesta excluye expresamente de la LCT a “los prestadores independientes de plataformas tecnológicas”. Asimismo, en el capítulo denominado “Régimen de los servicios privados de movilidad de personas y/o reparto que utilizan plataformas tecnológicas”, se reafirma “la independencia de los trabajadores de plataformas” (art. 114).
De manera tal que los legisladores pretenden dejar en claro que no existe relación laboral entre aquellos y las empresas multinacionales que se benefician con la prestación de sus servicios. Así las cosas, la “uberización” de la economía gozará de buena salud en el futuro. Y como si lo anterior no fuese suficiente, también se deroga la “Ley de Teletrabajo”, con lo cual queda al descubierto una falacia más de las tantas que nutren el relato libertario.
Un proyecto de semejante envergadura (que cuenta con más de 200 artículos), siendo el más regresivo de los concebidos en Democracia, merece un estudio serio y profundo, y un debate amplio que se base en argumentos sólidos y datos concretos, no en meras falacias. Por el contrario, se le dio un tratamiento exprés en el Parlamento, aprovechando la desinformación que invade a la población, la inacción de las grandes centrales sindicales y la debilidad de la oposición. La reforma fue sancionada y Javier Milei tiene en sus manos una de las leyes que más lo obsesiona. De esta forma, puede garantizar plenamente los intereses económicos de aquellos grupos y sectores del poder para los que en realidad gobierna.
